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Domingo , 23.09.2018 / 08:26 Hoy

Atrevimientos

Los ciudadanos debemos hacer política

Héctor Raúl Solís Gadea

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De qué depende que la democracia --la competencia electoral por el poder entre partidos-- produzca buenos gobiernos, es decir, gobiernos que procuren políticas pensadas para favorecer al común de los ciudadanos?

De tantas cosas que resulta imposible agotarlas aquí. Pero todas, prácticamente, involucran acciones y problemas que van mucho más allá de que los ciudadanos se limiten a votar cada tres o seis años. Alguna vez creímos que íbamos a mejorar por el hecho de que los votos se cuenten bien, de manera que en unas elecciones gane un partido y en otras gane otro.

Pecamos de ingenuidad. La democracia electoral ayuda a controlar (y no siempre) cómo se accede al poder, pero no cómo se ejerce ni en beneficio de quién; tampoco sirve (aunque en teoría puede hacer algo al respecto) para evitar que la autoridad se concentre demasiado en una persona o en unos cuantos, o para impedir que las decisiones de los gobiernos hagan avanzar los intereses de camarillas particulares. En otras palabras, la democracia electoral no evita eso que algunos especialistas llaman la privatización de lo público: utilizar desde el poder los bienes colectivos para beneficio privado.

El meollo de la cuestión es el control efectivo que los ciudadanos comunes puedan tener sobre la actuación de los gobernantes; las capacidades reales de la gente para obligar a los funcionarios a cumplir la ley, respetar los derechos de los gobernados y responder por sus decisiones con razones, evidencias y buenos resultados.

Hace unos días, un colega me comentaba que los ciudadanos mexicanos se distinguen de los consumidores porque éstos, cuando no encuentran satisfactorio un producto o un servicio, sancionan a los empresarios dejando de comprarles. En cambio, los ciudadanos no pueden, de una manera similar, hacer pagar a los políticos por sus malos desempeños. Es cierto que cada vez más los electores castigan a los partidos que gobiernan de mala manera o sin resultados positivos. Eso ha ocasionado, por ejemplo, que en Jalisco el PAN y el PRI hayan caído de la gracia de los votantes y hoy se encuentren en una situación de franca marginalidad política.

Pero más allá de eso, los ciudadanos prácticamente no pueden hacer nada: hoy es casi imposible que obliguen a los gobernantes que incumplen la ley a recibir el castigo que les corresponde, o a ser cesados inmediatamente de sus cargos si exhiben un comportamiento que traiciona la confianza depositada en ellos. Vamos, los malos gobernantes, la mayoría de las veces, ni siquiera son sometidos a la crítica pública, seria y fundamentada. La esfera pública --medios de comunicación, congresos de diputados y cabildos, periodismo de investigación, asociaciones intermedias dedicadas a discutir los asuntos colectivos-- es sumamente frágil y sin la suficiente autonomía del poder del gobierno.

La pregunta obligada es si los inminentes cambios de administración traerán mejoras en los desempeños gubernamentales. Soy escéptico. Los políticos y los intereses a quienes sirven, son maestros en el arte de caer parados. Analicemos cuántos priistas, panistas y perredistas --resabios de lo que ahora es el antiguo régimen-- han encontrado (o van a encontrar) acomodo en MC y en Morena; quiénes financian las campañas de los partidos, independientemente de su situación de decadencia, en unos casos, o novedad y buena acogida por los votantes, en otros. En general, lo que cambia son las siglas, los nombres de los partidos, pero no los intereses detrás de quienes, cada tres o seis años, van ocupando los espacios del poder.

Los políticos no van cambiar a menos de que sufran consecuencias por violar la ley o lesionar el interés público. Si los mecanismos legales para castigar los malos desempeños no funcionan, o no se aplican, jamás veremos el cambio que necesitamos. Es un tema de correlación de fuerzas. Debemos preguntarnos: ¿Qué tan débiles, desorganizados, desinformados, egoístas y apáticos son los ciudadanos? ¿Cuánta disposición tienen para movilizarse, exigir y protestar? Por otro lado, ¿qué tan organizados, impunes y poderosos son los funcionarios de los gobiernos? ¿Qué instituciones protegen los intereses de los ciudadanos en contra de los intereses de los gobernantes? De las respuestas a estas preguntas depende la calidad de nuestra democracia, o, incluso, si nuestro régimen merece ser denominado como tal.

La moraleja es simple: los ciudadanos deben hacer política para que la sociedad civil aumente su poder frente al gobierno; deben informarse sobre los asuntos del gobierno --nos competen a todos, son nuestros asuntos--; y deben actuar para hacer valer los mecanismos institucionales creados para obligar a los políticos a hacer bien su trabajo. En síntesis: hoy hay electores pero no ciudadanos activos y dotados de poder real. Mientras no cambiemos eso, no habrá democracia que valga.

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