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Viernes , 14.12.2018 / 16:00 Hoy

Atrevimientos

La percepción de la corrupción en México

Héctor Raúl Solís Gadea

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Le sorprenden a usted las siguientes afirmaciones extraídas de distintos estudios acerca de la corrupción en México?

En el Índice de Percepción de la Corrupción, México está entre los 53 países más corruptos del mundo, ya que se sitúa en el lugar 123 de 176. Desde 2008, ha caído 28 posiciones. Según Transparencia Internacional, nuestro país es el último lugar de la OCDE, el 18 del G20 y el 30 entre 32 países en América.

México está entre las primeras 20 economías del mundo y entre los 20 países con servidores públicos más corruptos (Transparencia Internacional, 2016).

México es el país 125 en desvío de recursos públicos y 124 en favoritismo en decisiones de gobierno entre 138 países evaluados (Foro Económico Mundial). Se entiende que mientras más atrás se está, la situación prevaleciente es más mala.

El costo económico de la corrupción se estima entre 2 y 10 por ciento del PIB (FMI, México ¿Cómo vamos?, Banco Mundial, CEESP y OEA).

Los hogares que ganan un salario mínimo destinan el 33 por ciento de sus ingresos a pagos extraoficiales (INCGB, INEGI).

De cada 100 delitos cometidos, sólo 11 se denuncian, 6 se investigan y 3 se resuelven. La tasa de impunidad es mayor al 96 por ciento (ENVIPE, INEGI).

En las mediciones de percepción de los problemas que aquejan a México, la corrupción se ha posicionado como una de las principales preocupaciones, incluso por encima de la pobreza (María Amparo Casar, libro Anatomía de la Corrupción, 2016).

El porcentaje de delitos de corrupción cometidos, pero no castigados, es similar a la del resto de las violaciones a la ley: 95 por ciento (Casar, 2016).

En las últimas dos décadas, se incrementó el uso de la palabra corrupción en la prensa mexicana, de 518 notas periodísticas y 27 titulares de periódicos que mencionaban la palabra en 1996, se pasó a 38,917 notas y 3,593 titulares en 2015 (Infolatina, 2016).

Seguramente estos datos no le sorprendieron; sólo le ayudaron a cobrar conciencia de un problema que no ignoraba, pero del que quizás desconocía sus alcances. La conclusión aparece sola: la corrupción es uno de los principales problemas de México y se ha convertido en una de las preocupaciones más importantes para los ciudadanos. Está en el origen de muchos otros problemas, como la inseguridad y la impunidad, la ineficiencia del Estado y el fracaso de muchas políticas públicas.

Otra conclusión también cae por su propio peso: ¿cómo no van a estar los ciudadanos desencantados de la democracia, y hartos de los políticos, si muchos gobiernos, municipales, estatales y federales, no sólo no han podido combatir la corrupción sino que muchas veces parecen propiciarla en mayor medida que antes?

La corrupción es un tema muy estudiado por todo tipo de organismos, y sobre el que a diario aparecen nuevos hallazgos, casos y escándalos. La consecuencia de todo esto es obvia: ningún programa de gobierno, ninguna agenda pública o batería de propuestas de campaña puede dejar de proponer estrategias para combatirla.

Ahora se reconoce que a pesar de que la vida pública es más transparente y hay más información accesible a los ciudadanos, eso no se ha traducido en un combate más efectivo a la corrupción.

Y lo evidente también resalta: la corrupción no se asocia a determinados individuos, grupos o partidos políticos, o a tal o cual ideología o credo político. Es trans-partidista, trans-ideológica y trans-clases sociales. O sea: la corrupción no es ni de derecha ni de izquierda, está arriba y está abajo; tampoco es exclusiva de los políticos: se presenta entre empresarios y líderes sindicales y sociales de todo tipo; es el dios ubicuo que se posa en cualquier parte.

¿Dónde estaría México, en términos de su desarrollo económico y social, si mejoráramos nuestros índices de cumplimiento de la ley? ¿No seríamos acaso un país mucho más próspero y más igualitario? La tarea para los gobernantes y los ciudadanos es clara: hay que impulsar una cruzada para cumplir con los dictados de la ley en cualquiera que sea el ámbito en el que nos movamos.

La estrategia es sencilla: hacer que resulte más oneroso infringir la ley que cumplirla. Porque ahora, como están las cosas, es más inteligente violar las normas que respetarlas: las ventajas que se logran con ello compensan las casi nulas consecuencias que se vierten encima de quien comete un delito. Si sólo 3 de cada 100 delitos de castigan, resulta más que atractivo delinquir.

¿De qué depende que los políticos y gobernantes se decidan a combatir la corrupción? De la cantidad de presión que reciban de los ciudadanos y los medios de comunicación. De la ventaja que un partido puede obtener si abandera la lucha por hacer respetar las leyes. La única desventaja es que quien asuma esa causa se obliga a predicar con el ejemplo. La disyuntiva, entonces, es elegir entre la política como empresa que deja beneficios materiales en el corto plazo, o como labor virtuosa cuya retribución es la satisfacción provocada por impulsar beneficios para la sociedad.

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