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Martes , 13.11.2018 / 19:24 Hoy

Atrevimientos

A cincuenta años del 68

Héctor Raúl Solís Gadea

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El tema está presente y todo indica que lo estará aún más durante los próximos días. De manera indeleble, su recuerdo es parte de nuestro imaginario político y orienta la visión de amplios sectores nacionales. Se trata de los primeros cincuenta años de aquellas fechas cargadas de destino, rebeldía y utopismo: el movimiento estudiantil del 68 que habría de marcar la vida de México y terminar de manera trágica el 2 de octubre.

Aquel año, casi en ninguna parte del mundo pasó inadvertida la protesta política, cultural y juvenil. En México, principalmente en el Distrito Federal, el movimiento tuvo un carácter muy claro: se pedía la ampliación de libertades y el reconocimiento de derechos a la expresión de iniciativas políticas distintas a las emprendidas por el Estado. Libertad a los presos políticos generados por un régimen que venía de aplicar medidas represivas a sectores descontentos (médicos, ferrocarrileros, campesinos) supresión del cuerpo de granaderos, sustitución de autoridades policiacas, derogación del delito de disolución social, y una muy importante: diálogo público con las autoridades para resolver las diferencias con el Consejo Nacional de Huelga... Estas medidas se resumieron en dos palabras: libertad y democracia.

El movimiento creció y no pudo ser procesado por las instancias gubernamentales. El desenlace --la masacre de Tlatelolco-- marcó el límite de la capacidad del sistema político para tolerar las diferencias y la pluralidad. Mostró la petrificación de una forma de ejercer la autoridad y una manera de verbalizar nuestra vida pública. En otras palabras: se vino abajo la cultura política imperante, se desfondó la credibilidad del viejo discurso de la “Revolución Institucionalizada”.

Después del 68 ya nada fue igual. El gobierno tuvo que recurrir a nuevas formas de relacionarse con la sociedad, particularmente con los jóvenes y los sectores de la izquierda. Primero vino la apertura democrática del presidente Echeverría, luego la reforma política de la administración de López Portillo, y después el lento tránsito a la democracia de partidos cuyos momento de inflexión más importante fue el 6 de julio del 88, con la caída del sistema y las dudas sobre la derrota del candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, hasta que finalmente se logró la primera transmisión del poder ejecutivo a un partido diferente al PRI.

No quiero implicar que en el 68 está contenido, como en una nuez, el conjunto de cambios que posteriormente se precipitaron y cambiaron al país. A lo largo de estos cincuenta años, muchos otros sectores, aparte del estudiantil, pusieron su parte para forjar la democracia electoral existente en México.

Pero la efervescencia política manifiesta en el 68, y continuada después de diversas maneras durante todas estas décadas, fue clave para que el régimen se liberalizara y suavizara su formas de hacer política. Ello incluye la guerrilla y el levantamiento zapatista del 94 que propició nuevos cambios en la legislación electoral, los cuales terminarían por propiciar una competencia mínimamente equitativa en las lides electorales.

El 68, sin embargo, y tampoco los cincuenta años de cambios políticos y económicos que le sucedieron, no evitaron la instalación de gobiernos cuya agenda dejó de lado, en gran medida, los intereses generales de la sociedad mexicana. A partir de mediados de los ochenta comenzó a imponerse una visión de país que combinaba democracia política --paulatinamente establecida-- con exclusión económica de las grandes mayorías. Se lograron derechos políticos, pero a cambio de perder derechos sociales; las autoridades ganaron legitimidad electoral, pero dejaron de lado el compromiso con el bienestar material de la sociedad.

No es agradable decirlo, pero creo que hay mucho de real en lo que digo. La grieta hecha evidente en el 68 no se ha cerrado. Hoy, a cincuenta años, sigue presente como herida que, a la menor provocación, propicia la descomposición de la vida pública y desfigura la actuación de las instituciones. En otras palabras: hay un conflicto latente y viejos agravios insuperados que provocan acciones de la sociedad (algunas veces equivocadas), y reacciones, exigencias y respuestas (muchas veces no acertadas) por parte de las autoridades.

El 68 destruyó el prestigio del poder público y minó su capacidad para garantizar un orden legítimo. Sus reivindicaciones siguen vigentes porque no hemos reformado la manera en que se ejerce la autoridad en México. No lo suficiente para procurar un nivel mínimo de cordialidad cívica. Esperemos que para este 2 de octubre López Obrador dé la señal de no impedir la reconciliación que tanto nos urge. Una en que todos quepamos y en la que la actuación de las instituciones se corresponda con los derechos y las aspiraciones de una sociedad plural y que, por eso mismo, necesita que sus instituciones funcionen democráticamente.

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