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Doble mirada

Seguridad, primer paso sensato. Faltan más

Guillermo Valdés Castellanos

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El reconocimiento de parte de López Obrador de que el Ejército y la Marina seguirán desempeñando tareas de seguridad pública “porque no hay opciones ni alternativas” es un acto de sensatez y realismo. El significado inmediato es la aceptación de la incapacidad de la Policía Federal (por su tamaño y por sus limitadas condiciones operativas “tienen que acampar porque no tienen cuarteles”) y, aunque no lo dijo, también de la inutilidad de la mayoría de las policías locales (hay pocas pero muy buenas excepciones de policías honestas y eficaces, como la de Nezahualcóyotl), que para efectos prácticos no cuentan a la hora de salir a proteger a la ciudadanía.

Falta ver la segunda parte para que la sensatez mostrada por AMLO sea completa: una propuesta seria e integral, es decir, que especifique muy bien cómo, cuándo, con qué dinero y bajo qué diseño institucional se reconstruirán las policías en México, porque de no hacerlo, quien sea presidente en 2024 se verá obligado a repetir la frase de que “el Ejército no podrá salir de las calles”. Y eso sí que sería una segunda tragedia. Ojalá y pronto se pongan de acuerdo el Presidente electo y su próximo secretario de Seguridad Pública, pues mientras el primero sigue pensando en una guardia nacional, el segundo ya la descartó por no ser viable.

Pero reconocer y aceptar el papel que han desempeñado las fuerzas armadas tiene otro significado que es fundamental traer a la luz. Sobre todo para algunos de sus colaboradores que tienen una visión diferente sobre las fuerzas armadas y de lo que está ocurriendo en las calles. Se trata de una enorme obviedad que, por absurdo que parezca, no estaba sobre la mesa: quiénes son los actores y qué papel juega cada uno en la tragedia nacional en que se ha convertido el problema de la inseguridad y la violencia. Los foros por la pacificación del país han puesto los reflectores merecidamente en dos de ellos: los desaparecidos y las víctimas, pero la obra estará incompleta si no sale a escena al resto de los protagonistas.

Y López Obrador los metió al escenario. Se trata de otros dos actores: las fuerzas del Estado, responsables de garantizar la seguridad y hacer justicia para que no haya impunidad, y su contraparte y razón por las cuales soldados y marinos están en las calles: las organizaciones criminales, las verdaderas depredadoras de la sociedad. En un sector de la izquierda se piensa que, en la lucha del Estado contra el crimen organizado, el principal peligro es la actuación de las fuerzas armadas, por dos razones. Primera, porque se ha dicho, sin demostrar, que la actuación del Ejército y la Policía Federal es la principal causa de la violencia y, segunda, porque consideran que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado son sistemáticas y de tal magnitud que, el remedio es peor que la enfermedad.

El corolario de esas dos afirmaciones —que no tienen sustento, al menos no en las proporciones en que afirman quienes así piensan— es que el verdadero enemigo de la sociedad es el Estado y no los criminales. Invierten los papeles: los malos de la película son los soldados, los marinos y los policías que se dedican sistemáticamente a violar los derechos humanos de la población, mientras que los delincuentes son víctimas de sus circunstancias socioeconómicas adversas que los inducen por el camino de la ilegalidad. Para los primeros, la sospecha permanente y todo el peso de los organismos internacionales de derechos humanos; a los segundos, desinterés, ninguna condena y en una de esas, hasta amnistía.

Creo firmemente en la fórmula acertada —ideada por mi buen amigo Jorge Tello— de que la actuación de las fuerzas del Estado en la lucha contra los criminales debe, puede y tiene que ser legal (sin violar derechos humanos), legítima (con el respaldo social) y eficaz (tener resultados). No puede faltar ninguno de esos tres componentes; se implican necesariamente. No es tarea fácil lograrlo, pero es la única manera de que el Estado se imponga y los ciudadanos se sientan seguros. Que en la actualidad no siempre sea así la actuación del Estado no justifica el que se inviertan los papeles y se les convierta en la causa del problema y el enemigo de la sociedad. En todo caso, el reto es cómo garantizar esa trilogía: legalidad, legitimidad y eficacia. No caminar por ahí empeorará las cosas.

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