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Martes , 16.10.2018 / 12:05 Hoy

Doble mirada

Riesgos/ I

Guillermo Valdés Castellanos

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La contundencia de los resultados ha facilitado identificar los significados más evidentes de las elecciones del pasado 1 de julio. En mi artículo de la semana pasada ya anticipaba la resurrección del presidencialismo, el cual se sustentaría en el mayor respaldo social obtenido por un presidente electo desde 1982; en la mayoría en el Congreso y en la debilidad de la oposición, ya que PRI, PAN y PRD quedarían terriblemente debilitados y conflictuados internamente. Esos dos datos y eventos se confirmaron con creces.

Lo que necesita un análisis más fino es la situación de la gobernanza o gobernabilidad del país, entendida como la capacidad conjunta de gobierno y sociedad, de darle viabilidad y concreción a un proyecto de país, definido de manera consensuada. Porque de eso se trata precisamente un cambio de gobierno, de renovar la gobernabilidad. Por supuesto que un presidente con gran legitimidad y mayoría de su partido en el Congreso son dos factores que facilitan la tarea de aplicar con éxito un proyecto de gobierno. Pero no son los únicos.

Un primer componente de una gobernanza es un gobierno que gobierna, aunque suene tautológico y obvio, pero no lo es. No todos los gobiernos saben gobernar o no tienen los recursos para hacerlo bien. Para hacerlo de manera eficaz, son necesarias varias cosas. En primer lugar, capacidad para definir el rumbo del país y hacerlo de manera incluyente, ya que los sectores excluidos no contribuirán al esfuerzo conjunto o presentarán resistencias. La oferta con la que ganó AMLO —una transformación política y económica que termine con la relación mafiosa de las elites económica y política, ya que ello provoca la corrupción, y ésta la pobreza y las desigualdades— tiene el respaldo de más de la mitad de la ciudadanía, pero quienes no votaron por él aunque coincidan en el diagnóstico, sospechan que las recetas para lograr ese cambio pueden llevar a México a una regresión política y a un retroceso económico no de manera inmediata, pero sí en el mediano plazo.

Esta división sobre el rumbo real (no el declarado) que tomará el país es profunda y todas las declaraciones de López Obrador y de su equipo económico para tratar de convencer de que esos temores son infundados y no han logrado su cometido. Quizá han atenuado parcialmente la desconfianza y logrado que algunos de los grupos opuestos concedan el beneficio de la duda, pero se necesitarán acciones claras y no solo promesas de que no habrá populismo económico ni regresión autoritaria. No ponerse de acuerdo sobre el rumbo puede producir enfrentamientos de consideración, sobre todo entre el nuevo gobierno y el sector empresarial por el tema del populismo y con lo que reste de oposición y una buena parte de la sociedad civil si se asoman rasgos autoritarios.

Otros factores indispensables para gobernar con eficacia son recursos presupuestales suficientes, políticas públicas adecuadas. Y aquí seguramente habrá problemas para la gobernanza. Hasta el momento, las cuentas de los 500 mil millones de pesos para darle viabilidad a las promesas de gasto del gobierno (obra pública masiva, subsidios a jóvenes, adultos mayores, congelar precios de la gasolina, etcétera) sin subir impuestos ni incrementar el déficit público, no salen. O se incrementa la deuda pública o no se cumplen las promesas, al menos no todas y no de entrada. Tendrá que escoger: quedarle bien a su base social o a la comunidad empresarial de que no jugará con las finanzas públicas.

Sobre las políticas públicas, se conoce muy poco sobre sus estrategias y lineamientos concretos. Ya habrá tiempo para que las elaboren, pero lo que se ha adelantado sobre dos temas cruciales, seguridad y corrupción, genera preocupación. Durante la campaña, AMLO no pudo formular una política integral y coherente para reducir la violencia y los principales delitos. La amnistía, aunque puede ser necesaria para restablecer la paz en algunas comunidades, no será eficaz para disminuir violencia. En cuanto a la corrupción, es claro que no bastará el ejemplo presidencial para eliminarla y si a ello se suma el desprecio al sistema nacional anticorrupción y la duda de la importancia de garantizar la autonomía de la fiscalía general, la promesa central de AMLO estará en riesgo de no cumplirse.

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