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Domingo , 23.09.2018 / 05:36 Hoy

Doble mirada

Oportunidad perdida

Guillermo Valdés Castellanos

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La iniciativa del presidente Peña Nieto sobre la mariguana se quedó muy corta, y con ello se perdió una oportunidad de adelantarse a cambios que tarde o temprano acabarán dándose. Ganó la visión conservadora (mantener la prohibición a rajatabla) y populista de corto plazo (como legalizar la mariguana es impopular, puede tener costos políticos y electorales). Aparentaron un cambio discursivo y dos medidas buenas (permitir uso medicinal e incrementar posesión a 28 gramos), pero inocuas en términos del combate al mercado ilegal de la mariguana y, por tanto, de las organizaciones criminales que la producen y venden a punta de balazos.

¿Por qué se quedó corta y se perdió una oportunidad? En primer lugar, porque tanto el discurso como la iniciativa presidencial ignoraron la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de noviembre pasado, que declaró inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que prohíben la producción y el consumo recreativo de la mariguana, por considerar que atentan contra la libertad de las personas que desean hacerlo. Les guste o no, esos artículos aún vigentes, violan la Constitución.

Lo congruente hubiera sido que en la iniciativa de ley enviada por el Presidente se hubiera incluido la derogación o cambio de tales artículos, para que la sentencia de la Corte tuviera efectos. Tenían la justificación legal y política para hacerlo: la SCJN lo ordenó. Esperemos que el Congreso no se haga el desentendido, pues de lo contrario ya sabremos qué piensan los poderes Legislativo y Ejecutivo de las sentencias del Poder Judicial: pueden ser ignoradas, equivalen a un llamado a misa. Triste precedente.

En segundo lugar, la legalización de la mariguana avanza cada vez más rápido en Estados Unidos. Es probable que en pocos años, la mayoría de los estados de ese país la hayan aprobado y no sería remoto que poco después lo hicieran en el ámbito federal. Sería absurdo, entonces, mantener en México una prohibición que, para efectos prácticos, fue impuesta por nuestro vecino, y penoso legalizar de rebote, solo porque ya lo hicieron los Estados Unidos.

En tercer lugar, porque el avance que puede significar el incremento de posesión de mariguana de cinco a 28 gramos, que fue hecho para reducir la detención de jóvenes consumidores, puede anularse con la contradicción que significa el hecho de que comprar la mariguana sigue siendo ilegal. ¿De dónde saldrán esos 28 gramos que pueden traer en la bolsa los consumidores si está prohibida plantarla y venderla? Con la tradición de las policías estatales es muy probable que los jóvenes acaben detenidos acusados de narcomenudistas.

Que quede claro, regularizar el consumo recreativo de mariguana no resolverá el problema del narcotráfico en nuestro país, ya que la mayor parte de su ingreso proviene de la cocaína, heroína y metanfetaminas (y por ello es necesario mantener y mejorar la estrategia de combate a las organizaciones criminales); sin embargo, sí puede sacar del mercado a aquellas bandas que ya solo se dedican a la producción y distribución de mariguana y terminar con las redes de narcomenudistas, algunas de ellas muy violentas, como las de Acapulco, el Distrito Federal y los municipios conurbados del Estado de México. Además, los esfuerzos de las policías, procuradurías y cárceles dejarían de estar puestos en detener y extorsionar a la parte más débil de la cadena del narcotráfico (consumidores y pequeños narcomenudistas) para concentrase en los eslabones más peligrosos y violentos del crimen organizado.

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