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Jueves , 20.09.2018 / 22:26 Hoy

Doble mirada

Más violencia, ¿todos contra 'El Chapo'?

Guillermo Valdés Castellanos

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La violencia, medida en homicidios, va creciendo sin parar. En el primer semestre de este año se registraron, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 10 mil 229 asesinatos. En el mismo periodo de 2015 fueron 8 mil 960, un aumento de mil 339, equivalente a 15 por ciento. Los estados con mayores incrementos porcentuales son Colima (339 por ciento), Veracruz (108), Zacatecas (93), Puebla (46), Nuevo León (45) y Michoacán (38). Es notable que ninguna de esas entidades, con excepción de Nuevo León y Michoacán, fuera campo de batalla de las guerras entre cárteles en los años álgidos del sexenio pasado.

No hay explicaciones que apunten las causas —difícilmente será una sola— del incremento nacional, ni razones que arrojen luz sobre el fenómeno en los estados donde el crecimiento es alarmante. Las autoridades han guardado silencio casi total frente al problema. ¿Tendrán algunas hipótesis de lo que está sucediendo? Es obvio que si el problema no lo ha reconocido el gobierno, tampoco se molestará en informar si va a hacer algo al respecto y, en su caso, qué tipo de estrategias alternas o políticas nuevas va a instrumentar.

El hecho es que a tres años y medio de iniciado el sexenio y a dos y medio de su final, seguimos sin tener política y estrategia claras y eficaces para reducir este tipo de violencia. La tendencia a la baja de los homicidios —iniciada a mediados de 2011 y no producto de las “políticas” de esta administración— se revirtió desde principios de 2015, hace 18 meses, y Gobernación no se dado por enterada. La coordinación entre niveles de gobierno —elemento que decían era el eje fundamental de la estrategia peñista— ya mostró su ineficacia y pasó al cajón de los trastes viejos, pues un instrumento de política difícilmente puede convertirse en el eje de una estrategia.

Basten dos ejemplos para ilustrar esa ausencia de políticas y estrategias. Guerrero (1,052 homicidios en lo que va del año) registró un incremento de 12 por ciento respecto al primer semestre de 2015; su tasa es de casi 70 homicidios por cada mil habitantes, 3.5 veces la del país, que es de 17. El gobierno se preocupó por esa entidad a partir de la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero a pesar de haber lanzado tres operativos (al parecer solo los mueven de lugar), no han disminuido los asesinatos; el otro problema puesto al descubierto por el caso de Iguala —la debilidad de los ayuntamientos por la penetración del narco— tampoco ha sido atendido. Hace unos días asesinaron al alcalde de Pungarabato, no obstante sus reiteradas solicitudes de protección y apoyo. Indiferencia y cinismo hasta del gobierno estatal.

El segundo caso: Michoacán. Un año y medio después del fin de la prioridad que significó la presencia del comisario Alfredo Castillo, la violencia repuntó casi 40 por ciento. ¿No habían acabado con los Templarios? ¿No estaban en vías de institucionalizar y profesionalizar a las autodefensas en policías municipales? ¿Qué han hecho para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia estatales? ¿Ya se retiraron todas las fuerzas federales y dejaron solas a unas policías estatales y municipales sin capacidades de atender la fragmentación de las organizaciones criminales locales y los embates del cártel de Jalisco Nueva Generación?

El espacio no da para más, pero en los estados con dominio del cártel de Sinaloa (Colima, Sinaloa, Baja California, Durango y Chihuahua) parecen estarse recrudeciendo los conflictos entre organizaciones del narcotráfico ¿Todos contra El Chapo? Si eso se confirma, podríamos tener una escalada de violencia como la de 2010. Cuidado.

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