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Lunes , 23.07.2018 / 03:56 Hoy

El riesgo no está en la ley de seguridad interior

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A esto se llega cuando el debate se hace con ideología, no con hechos. “Esto es un momento de agonía para los mexicanos, quienes han sido ignorados por un Congreso que, de manera intencional, ha hecho caso omiso del clamor público (subrayado mío) alrededor de esta ley (la de seguridad interior, LSI). Si el Presidente decide firmar esta legislación, estaría poniendo en riesgo los derechos humanos de millones de personas,” dijo Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Encuesta publicada por Nexos: “Contrario a lo esperado, la mayor parte de los mexicanos no cree que los elementos castrenses incurran en abusos o violaciones de derechos humanos. De hecho, la mayoría (64%) cree que si el Ejército regresara mañana a los cuarteles los delitos subirían”. Porcentaje de mexicanos que están de acuerdo o muy de acuerdo con que el Ejército combata a la delincuencia organizada: 85%. Este sí es clamor público. Conclusión de quienes mandaron hacer la encuesta: “Aunque los resultados deben tomarse con muchísima cautela —justamente por la naturaleza de desesperación en que vivimos—, la evidencia que nos dejan es la desconexión entre el círculo rojo de activistas y lo que los mexicanos —nos guste o no— siguen pensando sobre las instituciones, los derechos humanos, y la inseguridad” (https://seguridad.nexos.com.mx/?p=180).

El Ejército no es ese ente violador sistemático de los derechos humanos que afirman muchos de los opositores a la LSI. Si lo fuera, la encuesta referida tendría resultados muy diferentes: a la pregunta ¿Qué siente al ver a un militar en las calles? 50% de los ciudadanos respondió de manera espontánea: protección, mientras que solo 13% dijo que miedo. Ni tampoco el Ejército es el responsable del fracaso de la estrategia o del crecimiento de la violencia. Esos juicios son de una simpleza que no resisten un debate serio. La causa habría que buscarla más en lo que no se ha hecho (reconstruir las capacidades policiales del Estado en todos sus niveles frente a un crimen expandido, fragmentado y violento, pero controlable y reducible si hubiera instituciones de seguridad y justicia sólidas) y en lo que se dejó de hacer (prevención social contra la delincuencia y la violencia) que en la evidente insuficiencia de los operativos militares. Pero ese es otro tema.

La ley de seguridad interior está lejos de ser el antecedente de los apocalipsis que dibujan algunos de sus ideologizados críticos. Tiene aciertos y tiene fallas, pero para mi tiene un gravísimo problema, no en su contenido, sino en una omisión: la ausencia del compromiso integral de reformar todo aquello que sea necesario para que la seguridad pública esté lo más pronto posible en manos de instituciones civiles, como lo mandata la Constitución en el artículo 21. Si desde 2011 el Ejército solicitó esta protección jurídica para su actuación en materia de seguridad, en 2010 ya estaba la iniciativa para reforma de las policías locales, que en aquel año vetó el PRI. ¿Porqué se pospone la reforma para construir policías locales y se evade el diseño de un programa político, técnico y financiero para en un plazo determinado disponer de cuerpos policiacos suficientes, confiables y eficaces?

Que aprobar la LSI vaya significar un autogolpe de Estado, generalizar las violaciones a los derechos humanos o militarizar el país, son locuras con probabilidad de ocurrencia cercana a cero. Lo que quizá no lo es, es que el Ejército esté pensando, ante la ausencia de policías locales y una Policía Federal cada vez más disminuida, no en regresar a los cuarteles, sino en crear una policía nacional, militar o civil, que esté a sus órdenes, dentro de la Secretaría de la Defensa, como en Colombia. No legislar sobre la reforma policial ahora, nos puede acercar, dentro de algunos años, a una segunda reforma para darle vida a esa opción. ¿Por qué mejor no recuperar, al menos, el crecimiento de la Policía Federal? ¿Adónde quieren llevar el país?

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