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Sábado , 26.05.2018 / 15:17 Hoy

Doble mirada

De linchamientos y omisiones

Guillermo Valdés Castellanos

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En memoria de Abraham y David. En solidaridad con el resto de encuestadores


No sabemos mucho de la historia ni de la situación de inseguridad en el municipio de Ajalpan, Puebla. Los pocos habitantes que han hablado después del trágico e injustificable linchamiento de Abraham y David Copado Molina expresan lo de siempre en esos casos: el miedo de la población, la inseguridad rampante y la eterna y total desconfianza en las autoridades. Sin embargo, así dichas se antojan como razones insuficientes para explicar lo sucedido. Si bastaran esos tres factores abundarían los linchamientos por gran parte país y con una frecuencia mucho mayor.

Además de eso, en Ajalpan deben estar mal, muy mal, otras cosas. Menos visibles, soterradas, de las que apenas se reconocen y cuando alguien las menciona, lo hace después de mucho negarse o en voz baja. Es que linchar es un acto bárbaro. Pura crueldad desatada y, para rematar, contra dos inocentes encuestadores. Ni siquiera se hizo justicia por propia mano, pues no habían cometido ningún delito; nada que perseguir o castigar. Asesinar a golpes y quemarlos vivos solo por rumores o vaya usted a saber por qué intereses de los instigadores, que azuzaron y aprovecharon el miedo de la gente. Sin ambages, barbarie.

Más que respuestas a cuáles son esas cosas que andan mal, tengo preguntas. Una primera es cuándo y cómo se llega a esos estados de ánimo sociales que facilitan o implican la desaparición de límites de lo que es permitido o no. Todas las sociedades establecen líneas que separan lo moral de lo inmoral, lo legal de lo ilegal. Sin esos límites no es posible la convivencia. Es quedar a merced del odio y de los peores impulsos. Es darle permiso de matar a todas las intolerancias. Literal. Linchar supone una reducción drástica de esos umbrales. ¿Cómo y por qué los ajalpenses —y muchas más comunidades— han llegado a eso y cómo lo superaran? Las respuestas no son simples ni fáciles.

La segunda pregunta tiene que ver las razones de quienes instigaron y condujeron el linchamiento. No hay justificación. Pero se deben encontrar las explicaciones y una buena parte de ellas las tienen quienes fueron los líderes del linchamiento. Aquí, la procuraduría estatal tiene que hacer un trabajo impecable. No puede utilizar ni ensuciar por ningún tipo de razón política, la investigación para dar con los responsables. No chivos expiatorios. Se habla de que los detenidos son simpatizantes o miembros de Antorcha Campesina, que hay un conflicto político por el paso de un gasoducto, de mucha delincuencia en la región. Fue un evento relacionado con la inseguridad o detrás de ello se esconden otras agendas e intereses, como en aquel caso de Tláhuac, donde los instigadores protegían guerrilleros. Urgen respuestas creíbles.

La tercera pregunta tiene que ver con la respuesta de las autoridades. Otro desastre. Sabemos de la debilidad e ineptitud de las policías municipales. Pero a ello hay que añadir el abierto conflicto entre los gobiernos municipal y estatal en materia de seguridad. ¿Por qué no acudió rápido la policía estatal? ¿Hasta cuándo se van a poner de acuerdo partidos y gobiernos para redefinir las responsabilidades en materia de seguridad entre los tres niveles de gobierno y para retomar con más prisa y recursos el fortalecimiento de policías?

La omisión en esta materia —van cinco años sin legislar sobre policías locales— ahora adquirió el rostro de dos encuestadores quemados vivos. ¿Cuántos linchamientos más, cuántas nuevas tragedias para que se pongan a hacer su trabajo?

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