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Laberinto de la legalidad

Seguridad y deterioro informativo

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Desde 1993 me he dedicado a la documentación y análisis de información sobre seguridad ciudadana y la operación del sistema de justicia penal. A partir del incremento en la incidencia delictiva en 1995 y de la alta sensibilidad política y electoral del tema de la seguridad he podido advertir el creciente deterioro informativo, la manipulación de las estadísticas y la negación o clasificación de la información más elemental para el análisis del fenómeno delictivo y las políticas implementadas.

Abunda el “maquillaje” de las cifras de incidencia. Desde 2010 la Conferencia Nacional de Procuradores le impuso al INEGI el indicador de “investigaciones iniciadas”, ya no denuncias (que antes eran equivalentes pues cada reporte implicaba su investigación). De esa forma se trata de atenuar la magnitud del deterioro de la inseguridad. De esta forma al indicador record de homicidios en Jalisco de 1,369 carpetas de investigación por homicidio intencional, debemos precisar que esas investigaciones corresponden a la expectativa de justicia de 1,580 víctimas fatales (sí, los ocho cadáveres de la colonia Morelos y los 26 cuerpos de los Arcos del Milenio se concentran en una sola investigación).

El análisis del combate al delito más grave, el homicidio intencional también ha quedado fuera del alcance de la sociedad. Hasta el censo de Procuración de Justicia de INEGI de 2013 se informaba anualmente del número de sentencias (condenatoria y absolutorias) de ese delito. Sin embargo, a partir de ese año ha dejado de reportarse esa información de forma desagregada. Si acaso se informan las sentencias por homicidio, pero ya no se distingue entre homicidio intencional y no intencional ni en qué sentido fue la sentencia.

Desde entonces se deben solicitar a cada estado por los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública esos datos para determinar la impunidad para el delito de homicidio intencional, lo que representa un vía crucis de más de siete meses, pues se piden aclaraciones. Cinco estados (Campeche, Colima, Nayarit, Sinaloa y Veracruz) refieren es que la información sobre sentencias no está desagregada por delito.

En otros estados es desconcertante y frustrante cómo año con año se dan cifras con inconsistencias. Por ejemplo, Tlaxcala a pesar de nuestras solicitudes de aclaración y llamadas en particular al área de estadística del tribunal para solicitar la información se nos ha ratificado que tanto en 2015 como en 2016 no se registró ni una sola condena por el delito de homicidio doloso. Quintana Roo que reportó entre 2009 y 2013 60 condenas por homicidio intencional, reporta por vía de transparencia 9 en 2015 y 14 en 2016. Aunque existe una norma oficial en materia de estadística de incidencia delictiva e indicadores de justicia no se cumple. El deterioro informativo limita la posibilidad de desarrollar diagnósticos sólidos y de fundar propuestas más precisas.

En otros países las cifras se han ciudadanizado. En Estados Unidos la encuesta nacional de victimización es supervisada por una universidad que saca el provecho a través de un centro de análisis con más de una veintena de criminólogos que logran desarrollar los diagnósticos y generan propuestas focalizadas para cada tipo de delito.

De igual forma existen centros de pensamiento que detectan y desarrollan las buenas prácticas que permiten políticas criminales sólidas y programas preventivos y de seguridad que han logrado recuperar la tranquilidad de las sociedades.

guillermo.zepeda@coljal.edu.mx,

@gzepeda_lecuona

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