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Columna de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

Seguridad en serio

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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La crisis de inseguridad que vive Jalisco se ilustra esta semana con el hecho de que el Gobernador del estado tomó el control y mando de la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque. Esta medida extraordinaria que establece la Constitución General (art. 115, fr. VII) y particular de Jalisco (art. 50, fr. XIII) procede en aquellos casos en que el gobernador “…bajo su responsabilidad juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

Desde luego se entiende que en un tema tan sensible y trascendente como la seguridad ciudadana, la autoridad tenga amplias facultades en situaciones de gravedad, sin embargo no dejan de ser lo que el jurista Eduardo García de Enterría considera “Conceptos jurídicos indeterminados”: caballos de Troya en el Estado de derecho, recipientes jurídicos vacíos que se llenan de coyuntura y oportunidad política.

Para que la discrecionalidad no quede sin acotar y se tenga la tentación a la arbitrariedad, la Constitución General señala que los términos, alcances y procedimientos de esta facultad se establecerán en la legislación del sistema de seguridad estatal. Lamentablemente, el Legislativo estatal ha sido omiso en este punto y no se establecen dichas directrices en la referida legislación.

Existe la expectativa de ver la forma en que esta intervención logrará su objetivo de restablecer el orden y la paz en el municipio. La motivación que se cita en el acuerdo son los actos delincuenciales recientes (la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es la cuarta entre los 9 municipios metropolitanos). Ya no en el instrumento jurídico, pero sí en el discurso político se ha señalado que existe la sospecha (quizá por no ser esta una categoría jurídica no se cita en la fundamentación del acuerdo) de penetración del crimen organizado.

Se sabe que el combate a la delincuencia organizada solo se puede lograr con inteligencia policial que focalice golpes de precisión a los grupos criminales y sus redes de colusión, así como el combate de la impunidad. Quizá por el sigilo que amerita esta operación será hasta en los próximos días en que se ejerzan las acciones legales correspondientes para desarticular estos vínculos y se impongan responsabilidades.

Es fundamental proteger y preservar la integridad de los cuerpos de seguridad, así como a los buenos servidores públicos que arriesgan su vida por la seguridad. También la sociedad y las organizaciones ciudadanas debemos participar en la observación, pero también en el reconocimiento y protección de nuestras instituciones y nuestros buenos funcionarios.

Quizá hemos sido omisos. Si existen vínculos del crimen organizado con la Policía de Tlaquepaque estos no se han hecho de la noche a la mañana ni de forma pacífica. En los últimos años han sido abatidos tres oficiales municipales de primer nivel, sin que se dieran manifestaciones públicas al respecto.

De igual forma, áreas como la de investigación de homicidios de la Fiscalía del estado, que llegó a ser vanguardia y referente nacional, ha recibido ataques sistemáticos: dos titulares y varios investigadores han sido abatidos en último lustro frente a nuestra indiferencia. No es casualidad que hace siete años se esclarecieran dos de cada tres homicidios y hoy apenas se logra aclarar uno de cada siete.

Los ciudadanos y las autoridades reaccionamos ante los malos resultados sin reconocer que las instituciones se han erosionado y los buenos servidores públicos han quedado vulnerables por lustros de indiferencia ciudadana e incapacidad e improvisación gubernamentales.

guillermo.zepeda@coljal.edu.mx,

@gzepeda_lecuona

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