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Viernes , 20.07.2018 / 13:34 Hoy

Columna de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

La incapacidad de investigación de la Fiscalía de Jalisco

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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Jalisco llegó a tener una gran capacidad instalada para esclarecer, perseguir y sancionar los delitos. Hasta hace todavía un par de lustros de cada diez homicidios se sancionaban siete; en 2016 apenas se sancionaron tres de cada diez, y en 2017 el indicador seguramente empeorará. En lo que se refiere a capacidad de investigación penal en general, ocupamos el último lugar nacional con apenas una tasa de resolución de las investigaciones de 5.4%; mientras que Guanajuato, el mejor indicador, resuelve 51%.

El pasado lunes Enrique Alfaro se comprometió a sextuplicar ese indicador en un año, es decir, llegar en 2019 a 40% de efectividad ¿Es esto posible? Tendría que desterrarse la corrupción, realizar una reingeniería de procesos, adoptar las mejores prácticas y reactivar el potencial de un personal que está en su mayoría desmotivado y que no dispone aún de todas las competencias que demanda un modelo de investigación moderno y el sistema penal acusatorio.

¿Cuáles son estas áreas de oportunidad, este nicho en las que la Fiscalía pueda ampliar el número de casos resueltos? En primer lugar, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). 32% de los delitos denunciados en Jalisco son susceptibles de resolverse por MASC (sólo los delitos de daño en las cosas y lesiones culposas derivadas de accidentes de tránsito llegan a casi 15 mil casos). Sin embargo, sólo se resuelve actualmente 2% de estos asuntos por MASC.

Para aumentar a un 20% los casos resueltos por MASC debe capacitarse al área de atención temprana para que canalice de manera directa los casos al centro de mediación (para evitar un nuevo traslado a las víctimas, mejor aun cuando están ambas partes, como en los accidentes de tránsito), sensibilizar a quienes toman los datos de la denuncia para que el área de notificación pueda ubicar a la contraparte y entregar la invitación; sensibilizar y capacitar al personal del área de invitación y agilizar sus procedimientos; certificar a los facilitadores para que den soluciones de calidad; fortalecer el área de seguimiento; establecer sistema de evaluación de satisfacción de usuarios. Hay estándares de excelencia en cada fase del procedimiento, así como innovaciones y buenas prácticas documentados. Con estos estándares estados como Guanajuato y Chiapas han llegado a resolver hasta 25% de los asuntos ingresado; otros estados como Baja California, Chihuahua y Sinaloa rebasan el 15% (Censo de procuración de justicia de INEGI 2017).

En lo que se refiere a investigaciones que concluyen con la determinación de formular acusación Jalisco presenta un 0.5%. En tan solo cuatro años se pasó de 20 mil asuntos iniciados ante los jueces penales a solo 4 mil. Los estados que presentan tasas mayores de consignación como Chihuahua, Puebla o Nuevo León (éste por mucho el líder en este indicador: 35.9%), lo hacen modernizando las metodologías de investigación, adoptando modelos de gestión como mesas de resultados rápidos, unidades de investigación y en particular de Tramitación Masiva de Causas o de Investigaciones con Imputado Desconocido que se dedican a sistematizar más de cien variables por delito, hacen georreferenciación y buscan patrones para esclarecer más asuntos, focalizar las políticas preventivas y dirigir operativos.

Un reto arduo, pero debe alentarnos el que haya un puñado de estados que ya están haciendo realidad el ideal de mejorar el servicio a los usuarios de la justicia y aumentar la efectividad en la procuración de justicia.

guillermo.zepeda@coljal.edu.mx

@gzepeda_lecuona

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