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Columna de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

Juan Pueblo vs. La Banca

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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“A la hora de desmontar la normativa que protege a los ciudadanos corrientes, el sistema judicial es a menudo la única fuente de protección que les queda a los pobres y a la clase media”

Joseph Stiglitz



El Estado mexicano tiene el enorme desafío: lograr hacer justicia en una sociedad cada vez más compleja y desigual. Para tratar de preservar condiciones de equidad para que las resoluciones y resultados justos se concreten, el derecho ha construido mecanismos de acceso a la justicia y de compensación procesal.

Los usuarios de la banca somos considerados como sujetos vulnerables frente a los recursos con que cuentan los grandes corporativos bancarios, por lo que existe la Comisión Naconal para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Sin embargo, como muchas instancias de regulación, control de oligopolios y servicio a consumidores; los mecanismos de compensación se pervierten o anulan; y la operación de las instituciones son penetradas por los grupos de interés, dando lugar a que las instancias de regulación a proveedores y de representación y apoyo de usuarios, lejos de compensar, son cajas de resonancia del mayor poder económco y negociador de los oligopolios.

El grupo de enfoque de litigantes que participan en nuestro incipiente observatorio del sistema de justicia, se abocó a analizar las penurias de los tarjetahabientes en los cada vez más frecuentes casos de hacer reclamos por cargos no reconocidos.

Para empezar, hay una apatía por parte de los bancos para coadyuvar para el castigo de los grupos criminales que clonan o engañan a los tarjetahabientes con información obtenida dentro de los propios bancos. De igual forma, sabiendo los lugares y las horas en que fueron utilizadas las tarjetas clonadas no se piden las cintas de videovigilancia ni se montan operativos.

Solo se busca minimizar los costos para la institución, buscando que el cuentahabiente asuma el pago y el costo financiero y después se diriman responsabilidades. La cita conciliatoria tarda dos meses en realizarse (la reclamación al banco fue resuelta en sentido negativo). Antes el mediador proponía que en casos de cargos no reconocidos, los cargos se asumieran 50% el banco, 50% el usuario; posteriormente 30%-70%. En la actualidad los despachos que litigan en nombre de los bancos (al menos Santander) tienen la consigna de irse a juicio.

Entonces viene una nueva omisión de la condusef: cuando se establece que será por vía de judicial que se diriman las controversias (aún sabiendo que le asiste la razón al titular de la cuenta pues los bauchers o no se entregaron o la firma evidentemente no corresponde al usuario), se viene a enterar el tarjetahabiente que en el contrato de crédito (que al ser de adhesión o de machote fue autorizado por la condusef) se establece que en caso de controversia el usuario se somete a los tribunales de la Ciudad de México (y los de México a los de Monterrey). Es decir, un costo de litigio premeditado y desleal tolerado por la entidad reguladora.

Si no se resigna el usuario y acude a demandar en la ciudad de Méico, vendrán prolongados procesos (con sus respectivos traslados) y las pruebas grafoscópicas para acreditar la falsedad de las firmas, cuestan entre 4 y 5 mil pesos. El proceso resulta prohibitivo, tal como lo planean los departamentos jurídicos de los bancos.

En estos casos de delincuencia tan frecuentes ni el Estado a través de sus instancias reguladoras, ni los bancos se conduelen, y se endosa el costo y el impuesto-país de un entorno de impunidad al usuario. Nuevamente un caso de que el sistema jurídico no sólo no compensa la desigualdad, sino que la exacerba.

guillermo.zepeda@coljal.edu.mx,



@gzepeda_lecuona




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