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Lunes , 17.12.2018 / 00:17 Hoy

Columna de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

Impunidad en el sistema de justicia penal

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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El Ministerio Público sigue siendo el corazón de la impunidad, el cuello de botella del sistema, ya que solo se reporta uno de cada diez delitos y apenas se logra resolver efectivamente 18 de cada 100 asuntos ingresados. Es por ello que resulta apremiante el análisis y mejora de este eslabón fundamental del sistema de justicia penal. Buscando aportar en este sentido, se desarrolló el Índice de desempeño de las procuradurías y fiscalías, que se publica por segundo año consecutivo en colaboración con Impunidad Cero. El índice permite impulsar la agenda de transformación institucional, pues la investigación completa (que puede ser consultado en el sitio web de Impunidad Cero, www.impunidadcero.org), presenta un análisis entre los estados para cada indicador y señala algunos temas destacados y buenas prácticas en cada rubro. De este modo, se propicia que desarrollen una agenda de mejora institucional a partir de sus áreas de oportunidad.

Se consideraron para la elaboración del índice ocho indicadores: de estructura (ministerios públicos por cada 100 mil habitantes y presupuesto per cápita dedicado a la procuración de justicia penal), de operación (tiempo de espera de los denunciantes) y de resultado (proporción de las investigaciones que son resueltas efectivamente, proporción de órdenes de aprehensión ejecutadas y porcentaje de las personas mayores de 18 años que dijeron tener mucha confianza en el Ministerio Público local), así como dos de política criminal: impunidad para el delito de homicidio intencional y proporción de condenas penales para delitos de menor impacto social.

Si bien los indicadores promedio siguen mostrando un deficiente desempeño, se aprecia una mejora marginal a escala nacional. Salvo la impunidad en homicidio intencional, que pasó de 78.6% a 83.4%, y el tiempo medio para denunciar un delito (134 a 135 minutos) los otros seis indicadores mostraron avance. Por ejemplo, se incrementó el presupuesto per cápita de 294 a 308 pesos y se pasó de 7.6 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes a 8.4, con lo que se redujeron las cargas de trabajo en los ministerios públicos. Aunque los indicadores presentan mejoría, siguen estando lejos de los estándares deseables. Se documentan largos tiempos de espera para los denunciantes (135 minutos como promedio nacional); sin embargo, estados como Chihuahua y Baja California, que encabezan el indicador, han adoptado modelos de gestión que en algunos casos permiten tiempos de espera de menos de 20 minutos. Las tasas de esclarecimiento se mantienen bajas: 18% de las investigaciones se resuelven efectivamente (frente a 14.1% del año pasado), pero estados como Guanajuato presentan tasas de esclarecimiento por encima de 50%.

Además, se cumple apenas con la mitad de las órdenes de aprehensión recibidas en el año (49%), mientras se acumula un rezago de 327 mil órdenes de captura pendientes de ejecutar. Sin embargo, en entidades como Coahuila y Estado de México, comienzan a dar resultados favorables las labores de investigación dirigidas a la ejecución de estos mandatos judiciales. Estas entidades lideran la proporción de órdenes de aprehensión ejecutadas con más de 70% de efectividad. Por otro lado, apenas 10.3% de los mexicanos dice confiar mucho en el Ministerio Público local, en Yucatán (17.8%), Guanajuato (17.1%) y Aguascalientes (16.2%) es donde más personas confían mucho en los ministerios públicos, mientras que en Ciudad de México, apenas 2.2%. La impunidad en el delito de homicidio es de 83.4% (en países más desarrollados es menor a 25%). En Oaxaca, Guerrero y Morelos apenas se resuelve uno de cada 20 homicidios, mientras que en Yucatán —el estado con menor impunidad— tres de cada cuatro. Al prevalecer estas altas tasas de impunidad, más de la mitad de las sentencias y recursos del sistema de justicia penal se dedican a perseguir y sancionar a los delitos menores.

Si consideramos que más de 90% de los delitos no se denuncia y que solo se inicia investigación en 6.4 de cada 100, de los cuales se logra esclarecer el 18%, resulta que la probabilidad de que un delito sea esclarecido en México es de 1.14% (determinar si hay o no delito que perseguir). Con estos componentes de impunidad, la pregunta no es ¿por qué hay tantos delitos?, si no ¿por qué no hay más? Además, para los 63 millones de mexicanos que viven en los 18 estados que están por debajo de esta probabilidad, es más probable obtener un doble reintegro en los sorteos de la lotería nacional (1%), a que las autoridades esclarezcan un delito del que fueron víctimas.

No obstante, hay estados como Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León o Baja California que están implementando nuevos modelos de gestión y buenas prácticas en las áreas clave de los servicios de procuración de justicia, por ejemplo la atención a las víctimas del delito (el esquema de la ruta de la víctima y los centros integrales de atención a víctimas), la investigación criminal (cambiar el esquema epistolar de investigación de gabinete por unidades de investigación con fiscales, policías, investigadores, peritos y personal de inteligencia adscritos) y la justicia alternativa en materia penal (sistemas de indicadores y estándares para cada fase de los procedimientos, desde la clasificación en atención temprana, hasta las unidades de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos).

Aunque redujo su puntaje y ventaja, el índice lo encabeza nuevamente Chihuahua, seguido por Colima, Yucatán, Guanajuato y Nuevo León, en tanto que en las últimas posiciones se mantienen Puebla, Guerrero, Michoacán y Estado de México. Es importante notar que hay un puñado de estados que están aprovechando el potencial del sistema acusatorio y están revirtiendo la espiral de impunidad y violencia en sus territorios (Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León en primer lugar). La mejora en el desempeño y la efectividad de la política criminal de dichas procuradurías debería traducirse en más confianza ciudadana y mayor denuncia.

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*Doctor en Derecho por la UNAM. Director de Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho AC y académico de El Colegio de Jalisco. Autor del libro Crimen sin castigo.

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