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Sábado , 18.08.2018 / 16:03 Hoy

Columna de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

El sistema jurídico mexicano frente a la desigualdad

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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La desigualdad es uno de los mayores desafíos de México, toda vez que influye en el aumento de la impunidad y la vulnerabilidad de las personas; merma la movilidad social y frena la economía. En este texto se pone a prueba la hipótesis de que el diseño y operación del sistema jurídico no solo no atempera o revierte la polarización del desarrollo y la escasa distribución de la riqueza, sino que en ciertos ámbitos, llega a exacerbar la desigualdad.

Aunque la riqueza per cápita en México ha aumentado de manera continua, es un indicador promedio que cada vez dice menos de la situación material de la sociedad mexicana, en virtud de la desigualdad extrema que impera en nuestro país. México está entre 25 por ciento de los países más desiguales del mundo; es el segundo más desigual entre los 34 países de la OCDE (después de Chile). Cuatro mexicanos concentran 9 por ciento de la riqueza y 10 por ciento de los mexicanos de mayores ingresos concentra la mitad de la riqueza nacional. De acuerdo con la propia OCDE, México tiene un coeficiente de Gini de 0.482.

Hay dos momentos en los que el sistema jurídico establece un sistema de incentivos y configura la estructura de producción y de distribución de la riqueza: la creación y discusión de las normas, y los mecanismos para vigilar su cumplimiento o sancionar su incumplimiento.

En lo que se refiere al diseño del marco normativo, los grupos de interés y grandes empresas realizan cabildeos para obtener normas jurídicas favorables o que contemplen complejos procesos de aplicación para dejar abiertos escenarios de no aplicación. De igual forma desde el Congreso se obtienen privilegios fiscales, normas y políticas públicas que no protegen al medio ambiente, a los consumidores, a los trabajadores ni a los grupos vulnerables.

También en los actos de aplicación de las normas los grupos privilegiados y de mayores ingresos se benefician del contexto normativo y de la actuación de las dependencias. Dos botones de muestra: En lo que se refiere a la extracción de metales preciosos, tan solo entre 2000 y 2010 se extrajo de las minas mexicanas más del doble de oro del que se extrajo en los 300 años del periodo colonial. Sin embargo, hasta antes de 2013 no se cobraba ningún tipo de impuesto o regalía por la producción a boca de mina (Esquivel, 2015: 21).

En lo que se refiere a la condonación y cancelación de créditos fiscales, la brecha entre las personas de mayores ingresos y el resto de los contribuyentes es evidente: de julio de 2015 a julio de 2016 se cancelaron con total opacidad 58 mil 150 millones de pesos de adeudos fiscales, 96 por ciento de ese monto benefició a 10 por ciento de los mexicanos de mayores ingresos; 36 empresas concentraron la mitad de los 160 mil millones de pesos condonados por el SAT (Fundar).

En lo referente a la aplicación de las normas y el sistema de justicia, también se favorece indebidamente la exacerbación de la desigualdad. En primer lugar, 1 por ciento de los mexicanos de mayores ingresos (que concentran 21 por ciento de la riqueza nacional) suele establecer en sus contratos cláusulas de arbitraje internacional o se somete a los tribunales de ciudades de EU para evadir la incertidumbre, lentitud y corrupción de los tribunales mexicanos.

Hay, por otra parte, 30 por ciento de los mexicanos que está en pobreza de capacidades (acceso a educación y salud), y dos de cada tres de ellos además está en pobreza alimentaria. Su exclusión y marginación también es legal. Su nivel de vulnerabilidad frente a la violación de sus derechos es alto. Su capacidad de defensa es casi nula y depende de las llamadas redes sociales (familiares con mayores ingresos, despachos de servicio social). Por ello, los casos en controversias judiciales de 6 mil pesos o menos son apenas 10 por ciento (Magaloni y Negrete, 2002).

Hay otro 20 por ciento de los mexicanos con pobreza patrimonial para quienes acudir a un proceso judicial es una inversión considerable. Los sectores de mayores ingresos pueden actuar con mayor certidumbre y mejor asesorados. La vulnerabilidad, incertidumbre y exposición a la impunidad aumentan a medida que se esté más abajo en el nivel de ingresos.

El amparo es un mecanismo jurídico que, contrario a la aspiración de su diseño original, ha devenido en una institución social "regresiva" (beneficia a quienes más tienen por ser los que pueden acceder a este costoso y complejo recurso, excluyendo a las personas de menores ingresos). Esta materia ha devenido en una de las ramas más técnicas del derecho, se presenta ante autoridades judiciales federales y suele tener una duración prolongada. En muchos casos se ha degradado al amparo en una tramitología de la suspensión. Es poco accesible (hay 26 causales de improcedencia, mismas que aumentaron al emitirse la nueva ley de la materia en 2013).

De los 379 mil amparos resueltos en los juzgados de distrito del país durante 2014, alrededor de 77 por ciento se declararon como no procedentes (Base de datos de Elisa Franco). En casi 90 por ciento de los casos no se llega a resolver el fondo del asunto: determinar si hubo o no la violación de un Derecho Fundamental. Es decir, el amparo es intensivo en recursos a los que se tiene un acceso muy limitado y asimétrico entre los diversos niveles de ingreso de la sociedad: dinero, tiempo y asesoría técnico-jurídica.

La espiral de violencia e impunidad que asola a México desde hace una década también está asociada a la desigualdad. Las tasas de vulnerabilidad, victimización y, particularmente, de multivictimización son más altas entre más por debajo del nivel de ingresos se encuentren las personas: "un aumento de un punto porcentual en el Coeficiente de Gini a escala municipal se asocia con un aumento de cinco muertes por cada 100 mil habitantes. Más aún, cuando se desagrega el efecto de la desigualdad entre distintos tipos de crímenes, se encuentra que el efecto es mucho más alto para aquéllos relacionados con el narcotráfico (un aumento de 10 homicidios de este tipo por cada 100 mil habitantes)" (Esquivel, 2015: 35).

El artículo propone un marco conceptual para el análisis del impacto del sistema jurídico en la desigualdad y propone una agenda de investigación y de transformación institucional para estrechar la brecha entre el diagnóstico actual y la situación de un sistema jurídico ideal: salvaguardar los derechos al menor costo posible, establecer un sistema adecuado de pesos y contrapesos para la operación de los poderes públicos.

Consulta la investigación completa en www.impunidadcero.org.

*Doctor en Derecho con especialización en Sociología del Derecho por la UNAM. Investigador de Impunidad Cero y director de Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho AC y académico de El Colegio de Jalisco. Pionero en estimar la impunidad en México en la multicitada obra 'Crimen sin castigo'.

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