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Miércoles , 18.07.2018 / 22:12 Hoy

Columna de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

El desempeño de las procuradurías y fiscalías: un análisis cuantitativo

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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Ilustración: Eduardo Salgado


La seguridad ciudadana y la justicia penal son asuntos prioritarios para la sociedad. Su análisis debe ser transversal, analizando los factores criminógenos y los detonantes sociales de la violencia; las medidas de prevención social y la reducción de las distintas violencias; el tema de la no denuncia, de la percepción; la capacidad de investigación; la justicia penal; el gremio y los incentivos de los abogados penalistas; la defensoría pública, los asesores jurídicos de la víctimas; los operadores de organismos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias y de las unidades de medidas cautelares, así como los sistemas y programas de readaptación social. ¿Por qué entonces, focalizarse en la procuración de justicia?

En la actualidad nos encontramos ante una espiral de violencia e impunidad en la que la labor del Ministerio Público en determinar si hay delito que perseguir resulta decisiva. La escasa capacidad de investigación penal es el corazón de la impunidad.

Por ejemplo, en nuestro país solo se denuncia 9.7 por ciento de los delitos (la gran mayoría no se denuncia debido a la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia). De los delitos que sí se denuncian, se inicia investigación en dos de cada tres casos (Envipe 2017), lográndose esclarecer el delito solamente en 14.1 por ciento de las investigaciones (con base en el censo de procuración de justicia del Inegi). De esta forma la probabilidad de que en México se cometa un delito y éste llegue a esclarecerse es de 0.89 por ciento. En cambio ya ante el juez, la probabilidad de que la persona sea sentenciada y condenada es de 74 por ciento. Es decir, lo difícil es que el delito se esclarezca, el Ministerio Público es el cuello de botella del sistema. Su reforma y eficacia son urgentes para el país.

Por ello se realizó para Impunidad Cero este ejercicio de medición y evaluación de la procuración de justicia en materia penal de las entidades federativas. Se tomaron en cuenta siete variables de estructura, operación y resultados. Cada una de estas variables se ordenan dando al mejor desempeño el puntaje de 100 (se indexan base cien) y se obtiene un cociente de los siete puntajes, generando el “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías”. El índice lo encabezan Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán y Baja California; en tanto que las últimas posiciones corresponden a Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco. Para cada indicador se hace un análisis entre los estados y se señalan algunos temas destacados y buenas prácticas en cada rubro.

Entre las lecciones del análisis está el que las buenas prácticas (adopción de un modelo de gestión moderno y la organización para trabajo) permiten buenos resultados y una adecuada operación con uso eficiente de los recursos. Por ejemplo, Colima, Yucatán e Hidalgo, pese a tener presupuestos muy limitados, prestan una mejor atención al reducir los tiempos de espera (aunque sí presentan bajas tasas de efectividad en el esclarecimiento de delitos). Estados como Baja California tienen certificaciones ISO9001-2008 y para mantenerlas deben atender a los usuarios a más tardar en 17 minutos. Nuevo León y algunos centros de recepción de denuncias en San Luis Potosí, Culiacán y Hermosillo, entre otros, han adoptado modelos de gestión con el propósito de reducir los tiempos de espera. En términos generales, los resultados de las encuestas comienzan a reportar estos avances.

De igual forma, Baja California y, particularmente, Nuevo León (ambos estados con pocos ministerios públicos por cada 100 mil habitantes) tienen buenas tasas de resolución de indagatorias, en virtud de la creación de unidades de investigación, implementación de áreas de tramitación masiva de causas y de investigaciones con imputado desconocido.

El modelo de unidades de investigación permite que los estados alcancen mayores tasas de resolución de asuntos y presentación de causas penales ante los jueces: Nuevo León (en primer lugar en ese rubro), Chihuahua, Baja California y Morelos, principalmente. La unidad de investigación reúne a ministerios públicos (en algunos casos, como en homicidios, también incluye ministerios públicos federales o personal de Cisen), policías investigadores, criminólogos y peritos que, con autonomía técnica, integran equipos de trabajo que dan respuesta ágil a las víctimas y ofendidos por el delito. Los estados que tienen grandes rezagos mantienen el modelo anacrónico de “investigación epistolar”: solicitar a terceros y otros operadores, información y diligencias a través de oficios, lo que reduce las posibilidades de esclarecer los delitos y pierde tiempo valioso para realizar investigaciones eficaces y oportunas.

En el tema de la ejecución y el cumplimiento de órdenes de aprehensión (claves en reducir la impunidad en investigaciones de delitos sin detenido y sin flagrancia) hay estados que tienen un gran desempeño (encabezan el indicador Baja California, Coahuila, Hidalgo, Chihuahua y Estado de México). En Sinaloa comienza a dar frutos la creación de una unidad de investigación dedicada exclusivamente al cumplimiento de órdenes de aprehensión. En el índice, también se analiza la impunidad para el homicidio intencional y si se sanciona penalmente en mayor medida a los responsables de los delitos de mayor impacto, para ponderar cualitativamente el desempeño global de las procuradurías.

Aunque no se considera en el índice, se muestra la probabilidad de esclarecimiento de los delitos (tasa de denuncia multiplicada por tasa de resolución de investigaciones). La tasa promedio en el país es de 0.89%, desde Nayarit (6.33%), Coahuila (3.56%) y Guanajuato (3.39%) hasta Yucatán (0.11%), Veracruz y Morelos (ambas: 0.23%).

Hay un puñado de estados que están desarrollando el potencial del sistema acusatorio y están revirtiendo la espiral de impunidad y violencia en sus territorios (Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Baja California, en primer lugar). Los resultados y la eficacia de la política criminal en las procuradurías de estos estados, a la vanguardia en el desempeño de sus funciones, se comienzan a traducir en más confianza ciudadana, mayor denuncia y reducción de las violencias.

Desarrollar indicadores y estándares de desempeño, así como detectar, validar, documentar e implementar las buenas prácticas vigentes, permitirán que las fiscalías del país estén a la altura del desafío y de la demanda ciudadana de justicia y tranquilidad.

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*Doctor en derecho con especialización en sociología del derecho por la UNAM. Director de Jurimetría Iniciativa para el Estado de Derecho AC y académico de El Colegio de Jalisco. Pionero en estimar la impunidad en México en la multicitada obra Crimen sin castigo. Se ha dedicado al diagnóstico, propuestas, búsqueda y documentación de buenas prácticas sobre el sistema de justicia desde hace 20 años.

El estudio completo y el índice se puede descargar en www.impunidadcero.org.

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