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Columna de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

Combatir a la delincuencia organizada

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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“Un mapeo de los vacíos de Estado y de las disfuncionalidades sociales… que se reflejen después en políticas públicas de fortalecimiento de la seguridad humana… una política realmente preventiva de la delincuencia organizada”

Edgardo Buscaglia


La delincuencia organizada es la responsable de la mayor parte de los delitos de alto impacto: homicidios, secuestros, trata de personas, robos de vehículos, robo de hidrocarburos, robos violentos a transporte, casas y negocios. Estos delitos son los que alimentan la creciente percepción de vulnerabilidad e inseguridad entre las personas. Las encuestas (ENSU, INEGI, 2018) indican que hemos llegado al registro histórico de que 76.8% de los mexicanos nos sentimos inseguros.

Hay causas sociales de este fenómeno: una economía y sociedad excluyentes, creciente desigualdad, jóvenes sin oportunidades que son carne de cañón barata para los grupos delincuenciales. Las causas institucionales juegan un papel fundamental: los vacíos de Estado, vacíos de autoridad. Se nos advierte que hay reacomodos y escisiones de grupos criminales, pero si éstas alcanzan los niveles de violencia y atrocidad a que han llegado es porque se dan en un entorno de vacío institucional. Padecemos una espiral de violencia e impunidad. La violencia se ha descentralizado y la impunidad se ha democratizado.

Por su trascendencia me detendré en las principales acciones que se han ensayado para revertir esa espiral, para acotar la impunidad. En primer lugar, urge depurar y proteger las áreas estratégicas del Estado dedicadas a combatir los cuatro pilares de la delincuencia organizada: su amplia cauda de negocios y delitos (drogas, trata de personas, robo de gasolina, venta de mercancía robada); poder económico y lavado de dinero; capacidad de violencia; y la red de contubernio con agentes del Estado sin la que es impensable la delincuencia organizada a nivel industrial, como la que padecemos.

Disponer de áreas de información e inteligencia criminal y financiera; unidades de investigación especializadas en los delitos de mayor impacto; unidades de investigación dedicadas a dar con el paradero de los destinatarios de las más de 30 mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en Jalisco, una de estas unidades dedicadas a los responsables de delitos de alto impacto. Cuando se ejecuta a algún miembro de la delincuencia organizada, resulta que se nos reporta que tenía dos ingresos a la cárcel y cuatro órdenes de aprehensión en su contra, pero nunca se nos aclara por qué los sicarios lo ubicaron en 24 horas, en tanto que las policías tenían más de tres años con esas órdenes en sus archivos.

Una Unidad de Inteligencia Financiera, vinculada con las dependencias federales que supervisan actividades financieras y actividades vulnerables (SAT) y la SEIDO para desmantelar las estructuras financieras; detener y sancionar a los responsables; y asegurar activos y extinguir el dominio sobre sus bienes.

Fortalecer el sistema estatal anticorrupción para que se concreten acusaciones, detenciones y sanciones para los responsables de estas prácticas. También debe contarse con grupos tácticos (con elementos rotativos de fuerzas especiales de fuerzas armadas y grupos elite de corporaciones estatales) para operativos especiales que actúen en las acciones para detenciones de alto perfil, desarticulación de grupos criminales, aseguramiento de narcotiendas y otros inmuebles dedicados a actividades criminales. Estos grupos podrían apoyar subsidiariamente a policías municipales en operativos en contra de grupos delincuenciales que se han apoderado de amplias regiones del estado.

Es una ardua tarea de depuración y reclutar de nuevo personal altamente, fortalecer y crear nuevas instancias dedicadas al combate de la delincuencia organizada con metodología y protocolos de vanguardia. Es una batalla urgente que no puede seguirse postergando.


 guillermo.zepeda@coljal.edu.mx

@gzepeda_lecuona


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