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Columna de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

Capital social y seguridad

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

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“Encargarle a la burocracia pública la tarea de crear el capital social… puede no generar los resultados planeados, a menos que los funcionarios tengan una fuerte motivación dirigida a facilitar el crecimiento y empoderamiento de los demás”.

Elinor Ostrom

Los problemas más urgentes de la seguridad tienen que ver con la debilidad de las instituciones del Estado de derecho y el sistema penal; sin embargo, el entorno social y el acompañamiento de los ciudadanos son determinantes en oponer a los delincuentes un frente común.

Además de las causas institucionales y económicas del delito, hay factores sociales como la exclusión y la desigualdad, que dejan a amplios sectores de la juventud en situación de vulnerabilidad y a merced de grupos de la delincuencia organizada que los usan como carne de cañón.

Son muchos los frentes en los que se debe actuar para reducir la vulnerabilidad y la victimización; acompañar en los procesos de resolver los conflictos y reinsertar a la sociedad a las personas que han enfrentado una sanción penal. Hay políticas gubernamentales y programas de intervención de organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicados a recuperar espacios públicos, a atender y generar opciones y oportunidades para los jóvenes, atender a menores en situación de calle, empoderar a mujeres víctimas de la violencia, a prevenir y a atender las adicciones, atender, acompañar y lograr la reparación del daño de las víctimas.

Existen casos exitosos en el país que queremos replicar en Jalisco. Se necesita realizar un censo de capital social, conocer las personas y organizaciones ciudadanas que están haciendo algo en favor de la seguridad, de las víctimas y de la justicia, conocer sus capacidades y competencias, la calidad y calidez de los servicios que prestan, tratar de articular esfuerzos, y apoyar con recursos públicos su operación. Por ejemplo, apoyar con recursos, con inmuebles de propiedad municipal o estatal a centros de apoyo para deshabituación a drogas, brindar espacios y becas a prestadores de servicio social que brinden asesoría jurídica, sicológica, de trabajo social a víctimas.

En Chihuahua el gobierno y empresarios han creado fideicomisos (por ejemplo, se les da una proporción -entre 3% y 5%- de lo recaudado del impuesto sobre nóminas: 140 millones de pesos al año) para apoyar a la red de OSC que intervienen en la prevención social de las violencias y atienden a grupos de jóvenes vulnerables o en situación de riesgo. Esta red ha logrado reducir la violencia en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua.

En Morelos, previo censo y evaluación de capital social, opera una red de OSC que acompañan a las personas que tienen libertad o suspensión condicional del proceso, para que cumplan las condiciones de libertad: presentarse a firmar, reparar el daño, recibir atención sicológica, capacitarse para el trabajo y apoyo para hacer currículum y buscar y encontrar empleo. Con la operación de esta Red se ha logrado que 97% de las personas cumplan sus condiciones de libertad, menos de 2% vuelva a tener problemas con las autoridades penales y que más de 1,200 personas al año queden con sentencia penal o sean encarcelados innecesariamente.

Cuando documenté esta buena práctica un usuario de la red me decía “Acabó siendo una bendición el haber `caído´ en el sistema penal, porque me apoyaron a ser mejor persona, superar una adicción y conseguir un trabajo…confiaron en mí”. Dudo que una de las 8,300 personas que hoy están en prisión preventiva en Jalisco opinen que para ellas ha sido una bendición entrar al sistema de justicia penal. Tenemos mucho que aprender y mucho que ganar con estas experiencias exitosas.

guillermo.zepeda@coljal.edu.mx

@gzepeda_lecuona

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