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Miércoles , 18.07.2018 / 15:30 Hoy

Entre pares

Simulaciones políticas y otros trasfondos

Guillermo Colín

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La reciente medida del Congreso de Nuevo León para rechazar en paquete una serie de cuentas públicas de administraciones anteriores, municipales y estatales, es de suponerse que se volverá humo de colores en el imaginario colectivo de por sí poco informado y no muy versado en estos menesteres. Lo que presumiblemente buscan los patrocinadores de la medida es crear en el ámbito ciudadano la noción de que el Congreso de Nuevo León se comporta enérgico contra la corrupción. La realidad dista mucho de ser así.

Como bien ha sido señalado por muchos, la medida (el show) conlleva poco o nulo efecto vinculatorio, ya que es a la Auditoría Superior del Estado a quien correspondería el seguimiento de algunas responsabilidades resultantes. Pero la especie absolutoria se refuerza cuando se considera que hay un periodo máximo de tres años para que prescriban los delitos penales y que la Ley de Fiscalización del Estado da a los legisladores un plazo solamente de dos años para que dictaminen las cuentas públicas, algunas de las que ahora rechazan datan desde el año 2006. Más que no aprobarlas, el nulo gesto jurídico implica desecharlas a la basura.

Por ello es fundada la sospecha que la partidocracia nuevoleonesa sólo haya buscado añadir un efecto mediático a su favor al calor de las vinculaciones a proceso de algunos personeros medinistas. En la hipótesis se habría buscado incluso abrir una puerta a la nulidad del proceso, ya que el mismo presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Héctor García, ha advertido que la realización de un periodo extraordinario para el análisis de las cuentas públicas es ilegal, por lo que los afectados podrían ampararse.

De manera que tanto Natividad González Parás, como Rodrigo Medina y Margarita Arellanes tienen por lo pronto y por este flanco legislativo, poco de qué preocuparse. En especial Rodrigo Medina sigue adelante en su hasta ahora endeble proceso judicial que se le ha tratado de instruir en su contra. Al tiempo que Medina obtiene amparos y suspensiones definitivas, el gobernador Jaime Rodríguez no se acaba la cantaleta en jerga de comadre elemental: “el que nada debe, nada teme, quien se ampara es porque tiene miedo”.

Si estos son los endebles argumentos que hace suyos la Fiscalía Anticorrupción, no es de extrañar que por ahora Medina lleve la ventaja. Y en cambio el Gobierno del Bronco ni repara en otros actores que bien pudiesen estar inmiscuidos en actos de corrupción como pudieran ser algunos funcionarios coreanos de Kia quienes –según abogados expertos- podrían haber incurrido en los delito de cohecho y peculado.

También está claro que en el Gobierno bronquista no han querido o no han podido armar investigaciones más allá de Kia en un sinnúmero de irregularidades de ese sexenio. El caso de la armadora coreana fue el más expedito a la mano de los bronquistas. Pero también el que ofrecía posibilidades al ex gobernador de zafarse con relativa facilidad como ya prácticamente ocurrió. A ojos de los ciudadanos hubo muchos otros desvíos, robos, y despilfarros punibles en el medinismo, pero sobre de ellos ya nadie habla. La Fiscalía de El Bronco actúa como como si Kia hubiese sido el único daño al erario que recibió Nuevo León en el sexenio de Rodrigo Medina.

gcolin@mail.com

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