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Miércoles , 15.08.2018 / 10:46 Hoy

Entre pares

Rapacería ‘ad cautelam’ de la CEE de Nuevo León

Guillermo Colín

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Es un hecho lamentable que al paso de los años la ciudadanización de los órganos electorales haya traído aparejada la formación de élites doradas que cuestan al país muchísimo más que lo que vale su servicio. Pese a que no requieren mayor ciencia ni talento especial, salvo honestidad republicana, caudales exorbitantes de dinero fluyen tan solo para pagar sus operaciones y los sueldos de sus consejos directivos que, a escala nacional, son más altos que los devengados por el Presidente de la República y los gobernadores de los estados.

Para estos organismos no hay racionalidad por la cual juzgar las nóminas de sus consejeros. Las han convertido en talegas de truhanes con permiso para robar. Simplemente se autoasignan estratosféricos emolumentos y todavía les suman todo tipo de prestaciones, bonos y ayudas económicas.

La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León no es la excepción. Es la entidad de toda la República donde más altos sueldos cobran sus consejeros: 216 mil 946 pesos mensuales según cifras a noviembre de 2015. Pero pueden variar de un mes a otro por rubros que se les antojen: “vacaciones”, “prima vacacional”, “bono del servidor público”, “despensa”, más un largo etcétera que se autorrecetan ellos mismos. En ese mismo 2015 por ejemplo, un mes después, los consejeros encabezados por Mario Alberto Garza, según fue publicado, alcanzaron por nómina 280 mil pesos cada uno.

Equiparados en vicios y lacras con la clase política, comparten hasta el agravio de la hipocresía: practicar con disfraz de probidad la apropiación ilegal de recursos. Con ello debilitan a la democracia que deberían salvaguardar y hacen de lo suyo un expediente a la corrupción solapada.

Tan solo lo anterior debería llamar a la cordura. Lejos de ella, los consejeros de la CEE de NL se aprobaron para sí mismos un “bono” de 377 mil pesos adicionales para cada uno por el mañoso concepto de “tiempo extra” durante el periodo eleccionario 2014-2015.

Argumento pintoresco pero insostenible. El trabajo real lo hacen docenas de burócratas bajo un Secretariado Técnico. Lo suyo solo es deliberativo. Aun si los consejeros hubieran dedicado idéntico afán, y que –habida cuenta de las fortunas que se llevan–, no fuera inmoral cobrarlo, no exhiben ni la bitácora, ni el método de cálculo que lleva a esa cifra.

Pero eso es secundario. Lo que los tiene taimados es que su resolución fue ilegal. Se hizo un uso distinto de los recursos de aquél para el que estaban destinados. Eso está prohibido y sancionado. No obstante, con reticencia cínica niegan reconocerlo, incluso cuando la anomalía ya fue detectada y objetada por la Auditoria Superior Estatal.

El presidente de la Comisión, Mario Garza, marrulleramente previsor, aconsejó depositar judicialmente la cantidad recibida en espera de otra determinación jurisdiccional. Siguiéndolo al pie de la letra, otra consejera, curándose en salud, hizo saber quizá con premeditada imprecisión, que había “devuelto” los 377 mil pesos. En realidad, solo los depositó ad cautelam.

Es decir, fondos en garantía de que se resuelva el fondo jurídico del asunto, conducidos tal vez, bajo la dudosa premisa de que si la sentencia es adversa, reparado el daño no hay delito que perseguir (si pierdo ni modo, pero si gano recupero mi “gratificación” y con permiso señores, ha sido un placer). Mientras tanto, promocionan su depósito ad cautelam con sublimada opinión de sí mismos: “reitero mi compromiso de ejercer mi cargo con estricto apego a la ley y a los principios de la función electoral”, proclamó a los cuatro vientos una de las consejeras que antes había evadido a la prensa para explicarse. Es de lamentarse que ella y su jefe Garza no lo hubieran meditado así antes.

Es que se está en presencia de hechos consumados. En opinión de muchos la ley a ojos vistas se violó. Por ello el Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos pidió para Mario Garza y demás consejeros juicio político por una “salida de recursos que no estaba autorizada en violación del artículo 97 de la Ley Electoral del estado, originándose un daño patrimonial a la CEE y a NL por 2 millones 668 mil pesos”.

Independiente del curso que tome la demanda interpuesta por el activista Ernesto Cerda, puede apostarse sin embargo, que habiéndola hecho ante el INE, sus funcionarios electorales federales, homólogos de los de acá, encontrarán la manera de que estos consejeros nuevoleoneses se lleven y no ad cautelam, sus 377 mil pesos con tanta desvergüenza apropiados.

gcolin@mail.com

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