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Jueves , 19.07.2018 / 01:07 Hoy

Columna de J. Guadalupe Tafoya Hernández

Ario de Rosales, primer Tribunal Supremo de Justicia de México

J. Guadalupe Tafoya Hernández

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La instalación del Supremo Tribunal de Justicia en Ario de Rosales, Michoacán, tuvo lugar un día como hoy 7 de marzo, pero de 1815, gracias al Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Y hoy, a dos siglos de distancia, resulta obligado la evocación a la figura de José María Morelos y Pavón, cuyo legado ideológico y moral, encauzado por la vía constitucional, permitió la organización política del Estado mexicano, partiendo de los 23 puntos de su documento denominado los “Sentimientos de la Nación”, que representaron la base que dio vida a la nueva patria.

Los “Sentimientos de la Nación” de Morelos fueron presentados y leídos el 14 de septiembre de 1813. Sus postulados acogieron las ideas libertarias de la época, como la del principio de soberanía popular, la división de poderes, el carácter general de las leyes, la proscripción de la esclavitud, la prohibición de todo acto de tortura, la eliminación de tributos agobiantes, entre otras.

Con toda seguridad tanto Miguel Hidalgo como Morelos se inspiraron en las ideas libertarias de la ilustración europea que fueron el germen de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano. En ella se establecieron los principios de libertad de las personas y de censura al poder absoluto del monarca. Se declaró que la soberanía radica en el pueblo y no en el rey, así como el principio de división de poderes.

La vida y obra del “Siervo de la nación”, revela su gran capacidad no solo como estratega militar al llevar la conducción de la lucha por la Independencia, sino también la de estadista y político visionario, como lo demuestra el papel fundamental que jugó en el Congreso de Anáhuac, donde aportó las ideas y principios fundamentales de la Independencia, la legalidad y la división de poderes que se consagraron en la primera Constitución Política de nuestro país.

La Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814, acogió básicamente los principios de los “Sentimientos de la Nación”. El Congreso de Chilpancingo asumió la titularidad del Poder Legislativo, bajo el nombre de “Supremo Congreso Mexicano” y su misión fue legislar por todos y para todos; el Poder Ejecutivo, sin denominarlo con el término presidencial, recayó en una junta denominada “Supremo Gobierno”. Y el 7 de marzo de 1815 se instaló el “Supremo Tribunal de Justicia” como depositario del Poder Judicial de la Nación.

La creación de este tribunal define la vocación por una sociedad independiente, que busca resolver sus conflictos por la vía de la legalidad y el ferviente deseo de Morelos de garantizar el acceso a una justicia real bajo el apotegma: “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”.

Esta visión ideológica constituye el andamiaje de un sistema jurídico que privilegia la libertad y el desarrollo integral de una nueva sociedad, con capacidad de autodeterminación.

Durante el tiempo que estuvo en funciones el Supremo Tribunal de Justicia, conoció y resolvió diversos conflictos instruidos contra altos funcionarios del gobierno, así como causas en segunda o tercera instancia de tribunales inferiores, además de ratificar los nombramientos de representantes de los poderes Legislativo y del Supremo Gobierno. Estas actuaciones deben despejar cualquier duda de quienes cuestionan la vigencia de la Primera Constitución Política de México.

Los “Sentimientos de la Nación” de Morelos constituyeron el primer documento político en la vida constitucional del México independiente, el cual dio lugar a la Constitución Política de Apatzingán. Tanto los “Sentimientos” como la Constitución, consagran por primera vez, un reconocimiento del Estado mexicano, los derechos fundamentales de las personas. A partir de esta declaración nacional, nuestra sociedad ha evolucionado en el sendero de la ampliación y protección de los derechos del hombre.

La Constitución Federal de 1857 hizo del individuo el objeto de todas las instituciones. La vigente de 1917, primera constitución en el mundo que incorporó las garantías sociales en favor de grupos vulnerables, (obreros y campesinos) no se apartó de la línea de la protección de los derechos humanos, pero la mayor consolidación en esta materia ocurrió, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre 10 de 2013 se hizo merecedora de un premio por parte de la Organización de las Naciones Unidas por su importante promoción en favor de los derechos de las personas.

La importancia de los “Sentimientos de la Nación” fue reconocida y valorada por la ley de amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, al hacer honor a sus postulados, y considerar el 14 de septiembre, como el día conmemorativo del Poder Judicial de la Federación por ser el poder encargado de la tutela constitucional y defensor de los derechos del hombre.

La protección de las libertades ha sido materia prioritaria de atención por los gobiernos y por la sociedad; sin embargo, ésta no ha concluido; mientras tengamos un solo caso de tortura, uno de ataque a la libertad de expresión, un tributo inequitativo o un mexicano agraviado que no encuentre un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda del arbitrario, el ideal de José María Morelos y Pavón seguirá siendo una aspiración y no, una realidad palpable.

El Poder Judicial de la Federación asume su obligación de poner la justicia al alcance de todos aquellos que la demandan; cada poder debe asumir el tramo de atención que le corresponda de cara a la nación y cada grupo social la parte que le toca.

La tarea sigue siendo de todos.

Consejero de la Judicatura

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