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Ejercicio del Poder

Insólita resolución

Gerardo Viloria

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Días atrás, resultante de una sentencia de amparo que establece reponer el procedimiento, magistrados del primer tribunal colegiado con sede en Tamaulipas, ordenaron la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala.

Los juzgadores sustentaron la resolución en “graves violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales”.

Adicionalmente, porque, la investigación “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los protocolos adoptados por la ONU”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que “la investigación del caso Ayotzinapa que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) no ha alcanzado su principal objetivo: saber qué sucedió y dónde están los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada, así como brindar verdad y justicia a las víctimas”.

La PGR, ante la insólita sentencia del tribunal colegiado, respecto a la creación de una comisión inédita, sin marco legal, indicó que no comparte el criterio de los magistrados.

Desde su perspectiva, la resolución emitida “desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.

Haciendo caso omiso de ello, los magistrados apoyan su fallo en disposiciones de diversos instrumentos internacionales y protocolos, así como en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es útil señalar que, en el ámbito internacional, se han fijado ciertos requisitos con los que debe cumplir una Comisión de la Verdad.

Entre otros, debe ser instituida por ley u otro acto estatal reconocido en el cual se deberá determinar con toda claridad que la Comisión “no pretende suplantar a la justicia, sino contribuir, como máximo, a salvaguardar la memoria y las pruebas”.

Así las cosas, las Comisiones de la Verdad son tan sólo un medio complementario para la impartición de justicia.

Por este contexto y el notorio tinte electoral que guarda el dictamen de los magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la que habrá de resolver.

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