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Viernes , 22.06.2018 / 20:19 Hoy

Capitolio

En el filo de la navaja

Gerardo Hernández

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El gobierno de Rubén Moreira se mantuvo cinco años alejado del escándalo o en el filo de la navaja, según se quiera ver. Sin embargo, persona y marca son indisociables aun cuando el segundo apellido lo escriba con “z” (Valdez) y no con “s” (Valdés) como su hermano Humberto, al cual remite por la deuda, las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras, la expansión de la delincuencia organizada, las acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos y en España, y su relación con empresarios mediáticos, contratistas y funcionarios obscenamente enriquecidos.

El endeudamiento, los secuestros, los asesinatos masivos, el saqueo de las arcas y otras barbaridades ocurrieron en el sexenio anterior, en el cual Rubén Moreira ejerció influencia, pero sin ostentar formalmente cargo alguno. Para enfrentar la crisis y diferenciarse de su hermano, RM diseñó una agenda basada en la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

La administración de RM afronta hoy su peor crisis y su desenlace es impredecible. La investigación del Grupo Reforma sobre la asignación de contratos por más de 127 millones de pesos a empresas fantasma golpea los cimientos del gobierno.

El trabajo cuestiona la transparencia del gobierno y menoscaba un capital sin el cual las autoridades lo pierden todo: credibilidad. La “Casa Blanca” del presidente Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera marcó el final del sexenio en términos políticos. La investigación de Carmen Aristegui y su equipo fue impecable como pésimo el manejo de la crisis.

Nuberia Comercial (una de las firmas fantasma) facturó este año 77.5 millones de pesos, sin licitación, por concepto de “colchonetas, colchones, material de curación, paquetes quirúrgicos y medicamentos”, según el reportaje. ¿Qué institución los recibió y cómo y entre quiéneslos distribuyó? ¿Fue para comprar votos? Murano, consultora mil usos, cobró 15 millones de pesos por venta de “huevo blanco, pierna y muslo”. El caso es grave. El gobierno tiene la obligación de investigar y actuar en consecuencia.


gerardo.espacio4@gmail.com

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