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Jueves , 19.07.2018 / 15:03 Hoy

Capitolio

Contra la impunidad

Gerardo Hernández

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El desafecto hacia los políticos de todas las tendencias recorre el mundo. El fenómeno es consecuencia del desgaste de los partidos, la insatisfacción ciudadana y la corrupción, máxime donde no se castiga o su combate essimulado. El robo de fondos públicos ahonda la pobreza y pervierte la democracia.

Cuando el poder se convierte en instrumento de control y permanencia de un grupo o fuerza política, la democracia pierde sentido, es un embuste; y las elecciones, una coartada para legitimar gobiernos.

Líderes que no pudieron acceder a la presidencia por las armas, como Hugo Chávez, en Venezuela, lo hicieron después por medio de las urnas para establecer satrapías cuyos resultados, después de breves periodos de euforia, son siempre los mismos: quiebra institucional y económica, encono social, represión y cárcel para los opositores.

Nada reconcilia más con la democracia y el sistema de justicia, e incluso con la política, que despojar de privilegios a quienes abusan del poder y verlos tras las rejas. En México deberían estarlo los Salinas y un largo etcétera de gobernantes, líderes y empresarios. Sin embargo, con la estructura actual es imposible pues fue diseñada para lo contrario: proteger al corrupto y perseguir al indefenso.

En tales circunstancias, el Estado mexicano tiene dos opciones: 1) Dejar de simular, para lo cual es condición liberar a la PGR, al Poder Judicial y a los órganos de control y fiscalización de la férula presidencial; y 2) imitar a Guatemala, que en contextos parecidos recurrió a la ONU para crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI).

Su objetivo no solo consiste en combatir al crimen organizado y desarticular sus redes, sino en investigar y encausar a funcionarios corruptos: desde un policía, un juez y un alcalde, hasta el propio presidente, como le sucedió a Otto Pérez, preso por defraudación aduanera, cohecho y otros delitos.

La CICI dura el tiempo que el gobierno acuerda con la ONU, según las necesidades del país. En Guatemala el periodo es de dos años, pero su éxito y aprobación ciudadana han sido tales que acaba de entrar en vigor su cuarta ampliación. México debe dar pasos en la misma dirección.

No implica ceder soberanía, sino, al contrario, ganar autoridad, confianza y respeto en casa y en la aldea global.


gerardo.espacio4@gmail.com/@espacio4mx

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