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Castigo en las urnas

Gerardo Hernández

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En un país engrilletado por la corrupción y la impunidad, el único sitio donde los partidos, los políticos y la clase gobernante pueden ser castigados es en las urnas, pues las procuradurías y los tribunales también están a su servicio. Pero si la ciudadanía no toma conciencia de la fuerza del voto y deja que las clientelas partidistas resuelvan las elecciones, las cosas empeorarán.

Doce estados elegirán gobernador el 5 de junio próximo. La ocasión es propicia para enjuiciar en las casillas al presidente Peña Nieto, a los gobernadores y a sus respectivos partidos, por ser los responsables del desastre actual y del malestar social creciente. La cuestión es por quién votar si todos los partidos son iguales, si se protegen unos a otros y si los independientes tampoco cumplen las expectativas, como sucede en Nuevo León. Lo peor, sin embargo, es conformarse y no votar.

Cinco de los estados que irán a las urnas han sido gobernados por el PRI desde su fundación hace 87 años. Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz figuran entre las entidades con mayores rezagos sociales, índices de corrupción, violencia e impunidad. En la mayoría vuelven a existir, como en 2010, condiciones para la alternancia.

Veracruz y Tamaulipas son un caos y sus gobernadores —Javier Duarte y Egidio Torre— una completa nulidad. Gran parte del rechazo ciudadano al presidente Peña se debe a ellos y a otros colegas suyos, igual o más soberbios, por gobernar de espaldas a la sociedad. Si los veracruzanos votan por la alternancia, se darán también el gusto de ver en prisión a uno de sus mandatarios más cínicos y rapaces.

En Tamaulipas, la delincuencia organizada rebasó al gobierno de Egidio Torre, quien heredó la candidatura de su hermano (Rodolfo) asesinado en vísperas de las votaciones. Para retener el poder, el PRI recurre a la peor guerra sucia: atemorizar a los ciudadanos, engañarlos y querer hacerles comulgar con ruedas de molino.

Durango tocó las puertas de la alternancia en 2010. La compra y coacción del voto y otras irregularidades eran motivo para anular los comicios, pero el TEPJF validó un proceso viciado. Para evitar que la historia se repita, el INE blindó la autonomía del OPLE (encargado de organizar las elecciones) “frente a una eventual intromisión de actores políticos o de otra índole de plano local”. El resto corresponde a los duranguenses.


gerardo.espacio4@gmail.com/@espacio4mx

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