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Sábado , 23.06.2018 / 05:52 Hoy

La energía de Baker

Una inconstitucionalidad en la Ley de Hidrocarburos

George Baker

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La definición, en el artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, sobre “hidrocarburos en el subsuelo” carece de fundamento constitucional, amén de coherencia geológica, pues ya el artículo 27 de la Constitución mexicana establece que los minerales in situ son de la nación.

La constitucionalidad de cualquier disposición jurídica posterior gira con relación a la definición de “in situ.” En el caso bajo consideración tendría que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que interprete su significado, de revisar la materia, y se puede vislumbrar esta argumentación: “El precepto que el mineral in situ es propiedad del Estado tiene que ver con la soberanía del país; es absoluto. Cualquier actividad relacionada con ello en su estado natural requiere permiso de la autoridad pública y vigilancia regulatoria”.

Yo podría pronosticar que habrá tres acotaciones: se acotará que “mientras la figura de hidrocarburos in situ sí admite cálculos de volúmenes en su estado original, dicho cálculo en ningún sentido precisa lo que es propiedad de la nación y por lo cual no crea otro título de propiedad. Se observará que “no pueden ser dos cifras sobre lo que es de la nación sin que la Constitución lo requiera explícitamente”. Se acotará que “en relación con la figura de mineral in situ, los poderes Legislativo y Ejecutivo están facultados para diseñar los marcos comerciales y reguladores que impulsan al país como resultado de la exploración y la extracción, y en las dimensiones económica, social y medioambiental”.

Asimismo, se apuntará que “la variable de adjudicación debe ser de una naturaleza que acote los requisitos plasmados en el artículo 134 de la Constitución, buscando una ponderación balanceada de las consideraciones señaladas”.

Aunque no es competencia de la Corte dictaminar sobre cuestiones geológicas, sí puede observar que un cálculo de volúmenes recuperables es un producto humano y, como tal, no forma parte del patrimonio nacional de la naturaleza geológica, por lo cual no es coherente que el Congreso de la Unión presente como atributo de la naturaleza un producto de la ciencia geofísica.

Así, yo creo que se dictaminará que “no hay fundamento constitucional que faculte al legislador la introducción de la figura ajena de volumen recuperable como concepto distinto al de hidrocarburos in situ”. Y creo que se observará que los supuestos de volúmenes recuperables responderán a contingencias económicas y tecnológicas que no son previsibles. Hay que enfatizar que lo que es propiedad de la nación no puede ser sujeto a los vaivenes del comportamiento del mercado, siendo, por repetir, que se trata de soberanía, no de comercio.

Así, una resolución sería: “Es improcedente que el legislador pretenda precisar, en relación con un mineral in situ, lo que sea de la nación, por lo cual el párrafo en la Ley de Hidrocarburos intitulado ‘hidrocarburos en el subsuelo’ es nulo y sin efecto”.

Bien, solo que es impensable que la Corte emita tal resolución. ¿Por qué? No hay una parte con personalidad jurídica que se atreva a solicitar una interpretación de la Corte sobre la constitucionalidad de la figura de volumen de hidrocarburo recuperable.

Es de esperarse que en las décadas venideras la sociedad civil insistirá en que la interpretación de los términos del sector energético se encuentren plasmados en un case law mexicano y no como hoy en la discrecionalidad de la autoridad.

g.baker@energia.com

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