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Jueves , 20.09.2018 / 02:45 Hoy

Columna de Gabriel Torres Espinoza

¿Se justifican las medidas ‘desconcentradoras’ de AMLO?

Gabriel Torres Espinoza

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Descentralización y desconcentración acusan sustantivas diferencias que resulta oportuno advertir. En realidad, la reubicación geográfica de las Secretarías de la Administración Pública Federal [18] no significa una ‘descentralización’, sino en todo caso una ‘desconcentración’ del gobierno federal. La descentralización -para que lo fuera-, contendría un proceso de transferencia de competencias del gobierno federal a las entidades federativas, a través –siempre- de sus gobiernos locales (estados y municipios). Mientras que la desconcentración entraña una transferencia de carácter administrativo, a un lugar en específico, para garantizar una atención ‘lo más efectiva’ posible “in situ”. Descentralización es “el proceso mediante el cual se transfiere poder político, desde el gobierno central, a instancias independientes ‘cercanas a la población’” (Uphoff).

Resulta paradójico que mientras que AMLO proyecta desconcentrar la Administración Pública Federal –a través de la reubicación geográfica de las secretarías–, simultáneamente intenta centralizar el poder federal en las entidades federativas con una figura: ‘los coordinadores estatales de programas sociales’. Una suerte de vicegobernador, poder adjunto o de facto. Pero ¡cuidado!, se trata de un poder NO electo en las entidades federativas, mismo que se quiere que concentre -por designación- todas las delegaciones [Sedesol, p. ej], direcciones generales [Liconsa, p. ej.] y organismos desconcentrados [Conalep, p. ej.].

Ahora bien. ¿Existe justificación para instalar en los estados una figura de control político como los ‘coordinadores estatales de programas sociales’? Virreyes ya existieron durante los últimos 18 años. Se trató de gobernadores que amparados en la “soberanía de los estados” ejercieron los recursos federales con escandalosa corrupción. Para botón de muestra están los casos de Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Guillermo Padrés (Sonora), César Duarte (Chihuahua), Ángel Aguirre (Guerrero), Fausto Vallejo (Michoacán), Jorge Herrera Caldera (Durango), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), Rodrigo Medina (Nuevo León), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas) y Rubén Moreira (Coahuila). Incluso, gobernadores que acusan un enriquecimiento inexplicable y posibles vínculos con el crimen organizado, como Andrés Granier (Tabasco), Emilio González (Jalisco), Humberto Moreira (Coahuila), Juan Sabines (Chiapas), Fidel Herrera (Veracruz), Arturo Montiel (Estado de México), Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (Tamaulipas), y José Murat y Ulises Ruíz (Oaxaca). Así que, ‘el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla’. Evidentemente sí existe la necesidad de adoptar medidas de control para que no se repitan estos casos. Tampoco se puede tapar el Sol con un dedo. Lo advierte José Woldenberg, “nada corroe más el aprecio por las instituciones democráticas que los fenómenos de corrupción documentados que quedan impunes”.

Empero, tengámoslo en cuenta, una medida extrema también nos llevaría a violar los acuerdos fundamentales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Además, se atropellaría el pacto federal y el federalismo fiscal. Conviene destacar que, en promedio, ¡8 de cada 10 pesos previstos en la Ley de Ingresos de los estados son recursos de origen federal, provenientes de ‘aportaciones’ y ‘participaciones’! En Jalisco, por ejemplo, de los 108 mil millones de pesos del Presupuesto de Jalisco para 2018, 79 mil millones de pesos provienen de la Federación; un 73%.

Por otro lado, de acuerdo al Proyecto de Nación 2018-2024 de López Obrador, el ‘programa de reubicación geográfica de las Secretarías Federales’ requiere una inversión estimada de 126 mil 971 millones de pesos, mismo que se realizará durante sus seis años de gobierno. Paradójicamente, la Sedesol -por ejemplo-, en este año ejerció sólo 100 mil 958 millones de pesos para el combate a la pobreza: Liconsa, Diconsa, Prospera, Cruzada Contra el Hambre [Comedores Comunitarios, p. ej.]. ¿Qué tan prioritaria es esta costosa medida de ‘reubicación geográfica de las Secretarías Federales’ (126 mil 971 millones de pesos), justo cuando la prioridad son 55 millones de pobres y 10 millones de mexicanos en extrema pobreza?

 gabtorre@hotmail.com

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