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Viernes , 22.06.2018 / 17:31 Hoy

Columna de Gabriel Torres Espinoza

Aristóteles, protegió a Emilio. Alfaro, ¿dará protección a Aristóteles?

Gabriel Torres Espinoza

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De acuerdo a la Fiscalía General de Jalisco, actualmente existen un total de 60 averiguaciones previas abiertas en contra de ex funcionarios del Estado, de las que sólo cuatro han sido consignadas. A su vez, de éstas, sólo una (apenas una) concluyó en sanción penal: Rodolfo Ocampo. Las tres restantes recurrieron a diversos medios de defensa para evitar ir a prisión. Se trata –en cuanto a casos de corrupción– de una deliberada mala eficiencia de nuestro sistema de justicia, respecto a su compromiso para combatir la corrupción. En el ámbito federal, de 1998 a 2012, la Auditoría Superior de la Federación presentó 444 denuncias a la PGR, pero sólo siete han sido consignadas. Esto equivale al 1.6 por ciento.

Coincide el Instituto Mexicano para la Competitividad al señalar que –en todo el País– sólo el 2 por ciento de las averiguaciones previas por delitos cometidos por servidores públicos terminan en ingresos a la cárcel, siendo el delito con la menor efectividad en cuanto a procuración e impartición de justicia, esto es, el menos castigado. A contraluz, conviene destacar el caso de Estados Unidos, en donde de 2000 a 2013, nueve gobernadores fueron acusados por corrupción, y los mismos nueve investigados y detenidos. De acuerdo al estudio “Proteger o castigar. Las reacciones de los partidos políticos ante un escándalo político”, publicado por CIDE en 2015, en México –dentro del mismo periodo– 41 gobernadores fueron acusados de corrupción, pero sólo 16 fueron investigados y de éstos únicamente cuatro fueron detenidos. En perspectiva comparada, los esfuerzos en combate a la corrupción e impunidad dejan a México muy mal parado pues, en 2013, de los 1,946 funcionarios investigados por corrupción en el País, sólo 48 fueron sancionados (2.5 por ciento). Mientras que en el mismo periodo en Singapur, 175 funcionarios fueron investigados por corrupción, y de éstos 134 condenados (77 por ciento). Más aún, en ese mismo año, en Estados Unidos iniciaron 688 investigaciones en contra de funcionarios señalados de corrupción, y de éstas 614 concluyeron en una condena (89 por ciento).

Conviene preguntarse ¿Qué es más pernicioso? ¿La corrupción o la impunidad? La impunidad, sin lugar a dudas. El Estado no puede evitar la comisión de delitos, pero lo que sí puede –y está obligado a hacer– es que los delitos reciban un ejemplar castigo. Algo que en Jalisco deliberadamente no ocurre por falta de voluntad política del gobernador, la fiscalía general, los legisladores (de todos los partidos), los jueces y magistrados. Más aún, mientras que la corrupción tiene un enfoque de responsabilidad bilateral [corrupto y corruptor], la impunidad sólo es responsabilidad exclusiva de la autoridad. De esta manera, la impunidad resulta ser más dañina que la corrupción, pues es corrupción sobre corrupción misma, en el sentido de que corrompe el castigo que debe imponerse al trasgresor de la ley. La jurista alemana y ex ministra Federal de Justicia del mismo país, Herta Däubler—Gmelin, sentencia con especial agudeza: “la impunidad es sencillamente lo contrario al Estado de Derecho”, y eso es lo que se cultiva en Jalisco, con la complicidad de todos...

gabtorre@hotmail.com

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