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Martes , 16.10.2018 / 05:48 Hoy

Columna de Gabriel Torres Espinoza

2017-09-07

Gabriel Torres Espinoza

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El pasado lunes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguraba que los terrenos en disputa del Aeropuerto Internacional de Guadalajara habían sido liquidados, puesto que "se habían realizado los pagos correspondientes". Representantes del gobierno federal y estatal, del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), así como de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), coincidían en que los pagos realizados a los ejidatarios de 'El Zapote' cubrían la liquidación. A su vez, los ejidatarios señalaban que la liquidación no se había pagado, ni siquiera antes de que la SCT concediera al GAP la concesión de la terminal aérea. Pues bien, ayer se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la última instancia jurídica de México) emitía un fallo a favor de los ejidatarios de 'El Zapote', que echa abajo la argumentación de la SCT, esa irresponsablemente respladada por la CONCAMIN, así como por el gobierno de Jalisco. Así que aquella versión de que el gobierno federal ya había pagado por los predios del Aeropuerto, expropiados en 1975 a los ejidatarios tras los decretos presidenciales para construir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, simplemente quedó demostrado juridicamente (en última instancia, la SCJN), que no es así.

Son 307 hectáreas las que fueron expropiadas en 1975 a el ejido 'El Zapote', más 137 que serían necesarias para la construcción de hangares. El valor de las tierras, en aquél entonces, era de 14.7 millones de pesos, de los cuales sólo recibieron 2.7 millones (con lo que suponen que los ponen a mano), más los 41 millones que les abonaron en 2007. En 2008, a los ejidatarios se les ofreció un pago por 3.2 millones de pesos por concepto de liquidación, asunto que agotó la disposición de los pobladores a negociar, lo que originó el juicio de amparo 1788/2009. Este juicio resolvió con claridad que la federación debe pagar a los demandantes. De forma tal que se solicitó que se hiciera un avalúo a valor comercial actual, y no a valores de 1975, como defiende la SCT. Finalmente se dictó sentencia definitiva el 31 de julio de 2014, en última instancia, a favor de los ejidatarios. En 2016, se ordenó un nuevo avalúo para continuar con el proceso, por lo cual se presentaron los ejidatarios con dos avaluos solicitados por ellos, que artojaban un valor de 2 mil 600 millones de pesos por los terrenos, mientras que la SCT presentó un avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), consistente en sólo 62 millones por las mismas 307 hectáreas, con un precio irrisorio de ¡20 pesos por metro cuadrado!. Como táctica dilatoria para no pagar lo que la justicia dicta, la SCT promovió un recurso dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, cuya resolución advertía que el monto del avalúo ya había sido cubierto, y por tanto las tierras liquidadas.

Pues bien, resulta que ayer la resolución de la SCJN, volvió a señalar que se debe cumplir al ejido conforme a la sentencia en la que se ordena pagar a valor comercial actual las tierras en disputa. El jueves el expediente llegará de nuevo al Juez Tercero de Distrito para que inmediatamente se pronuncie respecto al "incidente de cumplimiento sustituto" (al no poderse restituir el terreno a los ejidatarios, debe haber un cumplimiento sustituto –implicando el pago por las tierras al ejido a valor comercial actual–), debiéndose enviar a la Suprema Corte para dar aval. En caso de no haber acuerdo entre las partes (que es lo más probable), se designaría a un tercero en discordia de la lista de peritos del Consejo de la judicatura Federal.

Al aún considerarse los terrenos del Aeropuerto propiedad de los ejidatarios, éstos continuarán las manifestaciones la próxima semana en las inmediaciones del estacionamiento. La dilación –y de facto negativa– del gobierno federal a pagar por lo que en derecho corresponde a los ejidatarios, resuleta ya en todas las instancias judiciales, demuestra que la ley sólo se cumple si se trata de ciudadanos con poder o dinero. Pero si se trata de ejidatarios, hasta los empresarios de la CONCAMIN están de acuerdo en que se les quiten sus tierras sin pagar lo que la misma justicia señala que les corresponde...

gabtorre@hotmail.com

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