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Sábado , 15.12.2018 / 20:02 Hoy

Paideia política

Observación electoral y defensa de la democracia

Gabriel Corona

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La observación electoral ha sido una actividad promovida para aumentar la vigilancia ciudadana en los comicios, a fin de dotarlos de mayor transparencia y, por añadidura, de mayor legitimidad. A partir de la fundación del IFE se hizo una amplia convocatoria para que las organizaciones de la sociedad civil atestiguaran la calidad de los procesos electorales y verificar su integridad.

Sin embargo, en los últimos años esta tendencia se ha revertido. Ese hecho se refleja en el presupuesto asignado para promover tal tarea. En esta ocasión, por primera vez en la historia, el Fondo de Observación Electoral se constituyó sin la participación de la Secretaría de Gobernación federal, lo cual refleja el desinterés del gobierno de Peña Nieto por apoyar esta actividad.

Además, el Fondo apenas contó con 19 millones de pesos, para financiar 27 proyectos de observación electoral; 81 por ciento menos que en 2012. La cifra refleja el desinterés por apoyar esta trascendental actividad en una elección compleja como la actual, cuando se disputará la presidencia de la República, 500 diputaciones federales y 128 senadurías, además de miles de cargos locales en 30 de las 32 entidades federativas. A pesar de eso, el presupuesto es escaso.

El gobierno federal no actúa así con los programas sociales. Este año, por ejemplo, gestionó un préstamo de 300 millones de dólares para aumentar los beneficiarios de Prospera. También aumentó de manera significativa el presupuesto para programas sociales en las nueve entidades donde habrá elección de gobernador. Esto no parece una casualidad, sino parte de una estrategia de compra y coacción del voto.

En el caso del Estado de México, antier se anunció que se habían registrado 4, 588 observadores electorales y había 230 autorizaciones pendientes. Aunque la cifra no es pequeña, comparada con las más de 19, 136 casillas que se instalarán parece poco, pues cada uno tendría que cuidar cuatro casillas. Además, algunas de esas organizaciones tienen claros vínculos con el PRI, a pesar de que la legislación lo prohíbe.

Algunas de esas organizaciones no vigilan la transparencia electoral, sino que hacen tareas partidistas. Por esa razón, algunos consejeros distritales mexiquenses votaron en contra de su registro, pues aunque la militancia no es un impedimento legal, sus vínculos con partidos sí lo son. ¿Podrá un militante desprenderse de ellos y actuar imparcialmente? Realmente no lo creo posible.

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