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Lunes , 24.09.2018 / 10:57 Hoy

Paideia política

México: elecciones democráticas a prueba en 2018

Gabriel Corona

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El valor de las elecciones en toda sociedad democrática es indiscutible. Actualmente, serían inconcebibles las democracias modernas sin ellas. Sin embargo, para refrendar su utilidad como procesos durante los cuales se expresa la voluntad popular, las elecciones deben apegarse a lo que nuestra constitución y las leyes establecen; su cumplimiento debe ser obligatorio.

Entre los principios constitucionales que deben observarse destacan el carácter libre y auténtico de los comicios. La libertad existe cuando la ciudadanía vota sin que haya violencia, amenazas, coacción o manipulación; sin que haya presiones para que sufrague en determinado sentido. Por su parte, la autenticidad del voto se da cuando hay una correspondencia entre la voluntad de los ciudadanos y el resultado electoral, para lo cual es indispensable eliminar interferencias que distorsionen la voluntad popular.

El cumplimiento de estos dos principios es una condición necesaria para generar certeza en los resultados comiciales. Las autoridades electorales, federales y locales, deben generar plena convicción y generar confianza total, entre los actores políticos y sociales, sobre su actuación conjunta. El objetivo común debe ser que los votos emitidos produzcan un resultado convincente entre todos los contendientes, para lo cual es indispensable que el sufragio sea libre y auténtico.

Para que lo anterior ocurra es necesario que las autoridades electorales protejan estos principios, a través de diversas medidas que eviten la compra y la coacción del voto. Según las leyes electorales, federal y locales, todos los actos que generen presión o coacción a los electores están prohibidos. Además, es una obligación del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales velar por la libertad y la autenticidad del sufragio.

En 2018 habrá que evitar el uso de los programas sociales con fines electorales, pues su uso proselitista le dará una clara ventaja a quienes detenten el poder. A pesar de estar prohibida tal práctica, los gobiernos federal y locales han encontrado diversas formas de ignorar esta disposición legal. Sin embargo, en ninguna democracia la voluntad popular puede ser desviada por recompensas materiales o presiones indebidas que alteren el sentido del voto ciudadano. Estamos obligados a encontrar la forma de evitar que la compra y la coacción del sufragio se imponga a la auténtica voluntad de los electores.

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