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Viernes , 21.09.2018 / 11:18 Hoy

Paideia política

Elecciones 2017 y 2018: PGR a modo

Gabriel Corona

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Al igual que en 2017, cuando antes del inicio de la campaña por la gubernatura del estado de México, la PGR anunció que investigaba a la familia de Josefina Vázquez Mota por lavado de dinero, que en ese momento encabezaba las preferencias electorales en la entidad, este 2018, previo al inicio de las campañas presidenciales, la misma institución emprende una serie de acciones en contra del virtual candidato presidencial frentista, Ricardo Anaya, que aunque no encabeza las encuestas, ocupa el segundo lugar en la mayoría de ellas, lo cual lo convierte en un serio obstáculo para el PRI.

El gobierno federal trata de aplicar la misma fórmula que en las elecciones mexiquenses: minar a sus opositores a través de acciones aparentemente legales, que a pesar de todo han tenido efectos negativos en la imagen de esos candidatos y en sus seguidores.

Pero esto es solo una parte de la estrategia de intervención gubernamental en los comicios, en todos los niveles.

Como lo ha dicho el propio Meade, el PRI buscará repetir las mismas prácticas que en la entidad mexiquense; para ello cuentan con el respaldo acrítico de quienes dirigen las instituciones del Estado mexicano.

No es la primera vez que la PGR asume este papel.

Hay que recordar que en 2005 fue parte activa en el proceso de desafuero en contra de López Obrador, del que finalmente se desistió. Doce años después hizo algo parecido con Vázquez Mota, días antes de la jornada electoral de 2017.

El gobierno exoneró de toda responsabilidad penal a la familia de la panista, pero hasta que el daño se consumó, no antes.

Sin prejuzgar sobre la presunta responsabilidad o inocencia de Anaya, los recientes acontecimientos hacen evidente, otra vez, el uso faccioso que algunos presidentes de la República le han dado a la PGR, incluido el actual.

Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE, ha declarado que él fue destituido por menos de lo que han hecho las autoridades de la PGR en el caso Anaya.

El asunto es tan serio que ya ha provocado el repudio de diversos actores políticos, activistas e intelectuales de diversas posiciones ideológicas, quienes han advertido acerca de los riesgos de la politización de la procuración de justicia en México.

Todo esto ha sido llevado a cabo por un encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, con el respaldo del secretario de Gobernación y, obviamente, de Peña Nieto, quien está empeñado en que el PRI permanezca en Los Pinos hasta 2024, cueste lo que cueste.

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