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Paideia política

El blindaje electoral a prueba

Gabriel Corona

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El 12 de junio el gobernador del estado firmó una carta compromiso para blindar el proceso electoral en la entidad. En un evento que más parecía destinado a garantizar la seguridad en la jornada comicial, acompañado del presidente del IEEM y del vocal ejecutivo del INE en la entidad, suscribió el documento para evitar que los recursos y los programas estatales sean utilizados con fines político electorales.

Aunque el propósito es loable, no se aprecia que haya condiciones para que esto ocurra. Según el comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018, publicado hace unos días y suscrito por este autor, hay un incremento considerable de programas sociales sin normatividad adecuada, sin padrones de beneficiarios y sin reglas de operación, lo cual facilita su uso discrecional.

Es importante destacar que en el primer trimestre de este año, tres secretarías federales elevaron su presupuesto entre 53 y 548 por ciento para los programas sociales y direcciones operativas. Por ejemplo, Prospera pasó de 14 mil a 20 mil millones de pesos y el IMJUVE de 26 a 146 millones, sin duda incrementos notables.

Se han detectado casi 6, 500 programas sociales federales, estatales o municipales. Tan solo los recursos destinados a los 154 programas federales ascienden a más de 910, 238 millones de pesos. Adicionalmente, el gobierno federal gestionó un préstamo de 300 millones de dólares para ampliar el programa Prospera este año.

Vale la pena destacar que el manejo de los programas sociales se encuentra en manos de operadores políticos, basta con ver el organigrama de la SEDESOL o la SEDATU federales, lo cual hace pensar que buena parte de esos recursos están destinados a la compra y a la coacción del voto.

También llama la atención que se haga este anuncio del gobernador, cuando recientemente la legislatura local aprobó la continuidad de 49 programas sociales estatales, en plena veda electoral. Todas estas acciones parecen encaminadas a todo menos a lograr el blindaje electoral.

Esto es importante considerando que el informe de la FEPADE, de abril de este año, el estado de México ocupó el primer lugar en delitos electorales. Tuvo 134 carpetas de investigación iniciadas ante esa dependencia, lo cual significa que concentra el 58. 8 por ciento de los ilícitos electorales denunciados, es decir más de la mitad de los ocurridos a nivel nacional. Por esta razón urge blindar la elección con acciones creíbles, no con discursos.

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