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Inseguridad asesina

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó la Ley de Seguridad Interior, con lo cual se agrega a diputados, senadores y al municipio de San Pedro Cholula, Puebla. En las mismas horas empresarios se quejan del nuevo sistema de justicia penal.

También se expresaron movimientos sigilosos, no obstante conocidos, pues rotaron a mandos de 14 regiones militares críticas. Por críticas se deberá entender acontecimientos como los gravísimos de Veracruz, ya que en 36 horas asesinaron a 14 personas en aquel estado.

Por más que no se reconoce a Ciudad de México como zona de violencias, como a otros lados, la crueldad enfermiza también se presenta.

Crudamente, como en la delegación Gustavo A. Madero, donde un microbús de transporte público fue incendiado y, lo peor, su chofer quemado en la unidad que conducía en la colonia Palmatitla.

La contundencia de los atentados es infame, como en el caso del autobús de la ruta 18, donde obligaron a los pasajeros a bajarse del transporte. Los agresores son brutales, pues después de matar al conductor lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. El cadáver del chofer fue calcinado.

Ciudades y carreteras son allanadas y no se respeta a nadie; es el caso de Veracruz, donde fueron asesinados cuatro integrantes de una familia.

Allí matan a quien sea. Así fue el caso de una anciana de 83 años. Son abundantes los municipios afectados: Huiloapan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Tecolutla, Jesús Carranza, Cosamaloapan, Tuxpan y Pánuco. En Guanajuato asesinaron a Javier Castañeda Vargas, director operativo de Seguridad Pública de ese municipio.

Guerrero sigue en su tragedia constante de asesinatos: en menos de 12 horas, cuatro personas perecieron por asesinato en Acapulco y Zihuatanejo.

Chihuahua dio cuenta, como en Baja California, de seis muertos. Hubo también asesinatos en Oaxaca y otro en Jalisco.

Al mismo tiempo las discusiones por la Ley de Seguridad Interior han llevado a la propia Comisión de los Derechos Humanos a combatirla pues, junto con senadores de oposición, ha sido considerada como inconstitucional, por lo que se han lanzado a la Suprema Corte Justicia de la Nación ejerciendo acciones contra 19 artículos.

Los inconformes hacen notar que “en la acción de inconstitucionalidad se hacen valer cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares”, violando principios también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La violencia homicida y los líos jurídicos envenenan el final de la administración de EPN, como no había ocurrido en décadas. La Secretaría de Gobernación denunció tiempos más graves ante la inmediatez electoral.

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