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Sábado , 20.10.2018 / 12:06 Hoy

Elitismo para todos

2017-09-08

Fernando Solana Olivares

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Diez años después de la insurrección popular ante el gobierno represor y homicida de Ulises Ruiz Ortiz, la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), integrada en 2014 para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos, hizo público un informe de más de mil páginas elaborado por un equipo multidisciplinario que a lo largo de 18 meses dirigió el sacerdote Alejandro Solalinde y del cual el periodista y escritor Diego Enrique Osorno formó parte esencial.

El título del amargo texto fue literal e inequívoco: Ya sabemos. Debido a las denuncias fundadas y los hallazgos documentados que daba a conocer, evidencias categóricas de la impunidad oficial prevaleciente en el país, su difusión fue bloqueada por varias instancias gubernamentales, el Congreso estatal recortó el presupuesto para editarlo y la administración oaxaqueña hizo una limitada versión donde se omitieron algunos apartados centrales.

A pesar de los impedimentos evidentes y los obstáculos tácitos que el poder desplegó para ocultarlo (“el presupuesto total ejercido por la CVO durante su periodo legal de existencia, entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, equivale al gasto que el gobierno federal hizo para publicitarse en medios de comunicación en tan solo tres días”), ahora sale a la luz Cuando el Estado aplasta, una edición y selección de Diego Enrique Osorno auspiciada por Ediciones Proceso, que presenta tanto las conclusiones como las recomendaciones a las que dicha comisión llegó.

Veintisiete muertes que pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales o asesinatos responsabilidad del Estado. Veintiocho desapariciones de personas reportadas oficialmente que requieren una investigación para deslindar incumbencias oficiales y la participación de agentes del Estado en ellas. Más de 300 víctimas de tortura, práctica gubernamental que se convirtió en sistemática y generalizada. Un daño psicosocial masivo, tal como demuestran cientos de testimonios individuales y colectivos. Una estrategia del Estado para combatir al movimiento social desarmado y pacífico a través de tácticas antisubversivas que a nivel local y federal instrumentaron planes y utilizaron instituciones de la seguridad nacional (Cisen, AFI, PFP, Sedena y Semar) con el objetivo de causar terror y desmovilizar a la población inconforme, a través de porros y provocadores infiltrados en el movimiento, lo mismo que mediante caravanas de la muerte que atacaban durante la noche.

Un uso estatal indebido y excesivo de la fuerza pública en contra de la población por parte de mandos superiores, mandos medios y tropas de línea que no acataron lo dispuesto en diversas leyes aplicables. Una violación masiva y sistemática de derechos humanos como el principio de presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías judiciales. Detenciones arbitrarias e ilegales acompañadas de tratos crueles e inhumanos. Vulneración genérica del derecho de libertad de expresión, pensamiento, información y manifestación de la población, por acción y omisión de las autoridades. Desconocimiento, hasta la fecha, de la cantidad de recursos públicos gastados para publicitar al gobierno en medios de comunicación durante la crisis social. Mecanismos de represión física, psicológica y técnica contra medios de información comunitarios y alternativos, así como el empleo de técnicas de contrainformación para perseguir, hostigar y estigmatizar a periodistas independientes y dirigentes sociales. Violencia persistente contra periodistas, comunicadores e integrantes de medios de comunicación, cinco de los cuales fueron asesinados y 33 fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión.

A una década de los acontecimientos, la CVO informa que sigue careciéndose de estadísticas completas de la represión. Sin embargo, en los anexos de su informe constan los nombres de 373 víctimas, sin incluir a familiares y otras víctimas que por diversas razones no se han presentado a declarar ante ninguna instancia. De tal manera se vuelve apabullante la enumeración de las acciones de un Estado que reprimió con extrema violencia a sus ciudadanos, hasta ahora con total impunidad en una amnistía de facto otorgada por la justicia a los perpetradores, quienes son identificados en el informe y de los que se hablará, junto con las recomendaciones.

Toda Comisión de la Verdad cimienta una moral pública al cumplir su tarea: el sistema inmunológico social inicia su curación. Como ahora, cuando ya sabemos.

fmsolana@yahoo.com.mx

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