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Martes , 23.10.2018 / 16:10 Hoy

Columna de Fernando Rangel de León

¿Para qué sirven las Procuradurías?

Fernando Rangel de León

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Antes de que naciera el Estado, como nación jurídica y políticamente organizada, con una población, un territorio, un orden jurídico, y un gobierno; los individuos se hacían justicia por sí mismos; en la época de la Ley del Talión: “ojo por ojo, diente por diente”.

Al organizarse la sociedad civil y surgir el Estado, prohibió a los individuos hacerse justicia por propia mano y ejercer violencia para reclamar su derecho; y a cambio el Estado se obligó a procurar e impartir justicia pronta, expedita y gratuitamente.

Pero tratándose de delitos no pueden los ofendidos dirigirse directamente a los juzgados penales a solicitar que se les haga justicia; pues es menester que antes, presenten su denuncia, querella o acusación, ante el Ministerio Público; quien es el que decide si ejercita o no la acción penal en contra del presunto responsable.

El Ministerio Público, es la institución que tiene el monopolio de la acción penal, y cuyo titular es el Procurador de Justicia; y quien decide cuándo sí y cuándo no se ejercita la acción penal, en todos los casos pero en especial cuando son de trascendencia política como el de Ayotzinapa, en lo federal, y la Megadeuda, en lo local.

El problema es que al Procurador General de la República, y al Procurador General de Justicia del Estado, los nombra el Presidente de la República y el gobernador, respectivamente; siendo en consecuencia aquellos empleados de éstos; de tal suerte que son los mandatarios quienes en última instancia deciden si se ejercita o no la acción penal.

Por eso el Procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria, no ha ejercitado acción penal -ni la ejercitará, como dijo don Teofilito- contra los presuntos responsables de los delitos cometidos con motivo de la megadeuda, incluidos los de falsificación de decretos y de Periódicos Oficiales.

También por eso no se ha hecho justicia en el caso de Ayotzinapa, pues la titular de la PGR, Arely Gómez, no ha recibido la orden de su jefe el Presidente de la República, para que proceda en consecuencia en contra de los más altos funcionarios responsables de ese abominable delito.

Por eso de qué sirven las aparatosas reuniones de los procuradores, como la reciente en Torreón. Lo que se necesita es reformar la Constitución para que a los procuradores no los designen los mandatarios sino los Congresos, y que éstos sean de ciudadanos y no de empleados del Poder Ejecutivo, para que los diputados y senadores puedan desaforar hasta al propio Presidente de la República.



rangut@hotmail.com


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