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Domingo , 23.09.2018 / 09:52 Hoy

Columna de Fernando Rangel de León

“Candado” al derecho de huelga

Fernando Rangel de León

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Está discutiéndose en el Senado la iniciativa de ley del Presidente Enrique Peña Nieto, reformando el artículo 123 Constitucional, que contiene la bases del derecho del trabajo en México, para desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, federales y locales, y en su lugar impartan la justicia laboral los juzgados de los poderes federal y locales; judicialización laboral que para algunos es un retroceso en la historia, un regreso al pasado, cuando esa justicia la administraban los juzgados en algunos de los estados, como Coahuila, en 1913, en que siendo gobernador Gustavo Espinoza Mireles, los conflictos de trabajo se ventilaban en los juzgados.

Desde la primera Ley Federal del Trabajo de 1931 –reglamentaria del 123 Constitucional-, hasta la fecha, son las juntas de conciliación y arbitraje, federales y locales las que resuelven los conflictos entre los patrones y sus trabajadores; pues el derecho del trabajo, es un derecho especial para esas dos clases sociales, integradas por un representante del trabajo, uno del capital y uno del gobierno, que es el presidente de esos tribunales laborales.

La integración de esos tribunales laborales obedece a la naturaleza del derecho del trabajo, que es buscar la justicia social mediante el equilibrio entre los factores de la producción: capital y trabajo; a diferencia de la justicia civil o mercantil, por la que el Poder Judicial busca dar a cada quien lo suyo, de sus intereses individuales, particulares y privados; impartida por jueces que hasta ahorita no entienden de clases sociales, como sí las entienden presidentes de juntas de conciliación y arbitraje, como el Licenciado Francisco Javier Ramos Jiménez, en Torreón; quien a toda costa busca conciliar los intereses de los patrones y de los trabajadores, antes de entrar propiamente al juicio o en el juicio mismo, con mucho éxito.A esa iniciativa presidencial senadores del PRI y del PAN, acaban de adicionar al proyecto, que para obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, el sindicato deberá acreditar, antes del emplazamiento, la representación mayoritaria de los trabajadores; lo cual se considera como un ataque a la libertad sindical; pues las autoridades no tienen derecho a intervenir en los sindicatos antes del emplazamiento a huelga.


rangut@hotmail.com

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