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Viernes , 22.06.2018 / 03:05 Hoy

Cambio de frecuencia

SCJN: regular publicidad oficial

Fernando Mejía Barquera

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Es cada vez mayor el número de asuntos relativos a la comunicación que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convertida, de unos años a la fecha, en escenario donde se resuelven conflictos entre empresas del ramo, controversias constitucionales interpuestas por instituciones públicas o grupos de legisladores, y juicios de amparo iniciados por empresas u organizaciones sociales.

Exceso y sobregiro

Tras el polémico asunto de la “tarifa cero”, la SCJN resolvió ayer otro caso vinculado a la comunicación: el amparo promovido por la organización Artículo 19 contra el incumplimiento por parte del Congreso de la Unión de una disposición legal que lo obliga a emitir la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional para regular el gasto en publicidad gubernamental. El asunto es relevante porque, como reveló hace unas semanas el centro de análisis e investigación Fundar, el gobierno gasta cantidades enormes en propaganda mediática sin que exista una ley donde se regule ese tipo de erogación, tanto en lo relativo a su cuantía como a los criterios de elección y contratación de medios o plataformas para difundirla.

Como se indica en la investigación realizada por Fundar —con respecto a la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió guardar silencio—, la actual administración gastó entre 2013 y 2016 un total de 36 mil 261 millones de pesos en propaganda mediática, con el agravante de que en todos esos años excedió las cantidades que le autorizó el Congreso de la Unión para ese fin (http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf).

Congreso incumplido

Aunque todavía no existe una ley que regule la publicidad oficial, sí hay directrices para elaborarla y sobre todo la obligación constitucional para que el Congreso la expida. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial un decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución; en su artículo “tercero transitorio” el decreto ordena al Congreso expedir “la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de (la) Constitución” donde se indica que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

En el decreto se puso el 30 de abril de 2014 como fecha límite para que el Congreso de la Unión expidiera la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de publicidad oficial, pero diputados y senadores se “hicieron guajes”, no la elaboraron. Por ello la organización Artículo 19 se amparó contra ese incumplimiento al considerar que la ausencia de la mencionada ley tiene efectos negativos para la comunicación social en el país.

Directrices

Ayer la SCJN decidió, por cuatro votos a favor y uno en contra, aprobar el proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar donde se otorga el amparo solicitado por Artículo 19 y se ordena al Congreso de la Unión cumplir con su obligación de expedir una ley relativa a la publicidad oficial.

Ésta deberá seguir las directrices contenidas en el artículo tercero transitorio del decreto publicado el 10 de febrero de 2014: “(La ley) establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”.

Fuerza políticas

El nuevo plazo para que se expida esta ley es el 30 de abril de 2018. Veremos cómo se mueven las fuerzas políticas al interior del Congreso; es decir, quiénes buscarán que efectivamente haya transparencia, austeridad y criterios claros en ese gasto gubernamental, y quiénes apoyarán que continúen el exceso, la opacidad y la discrecionalidad.

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