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Jueves , 21.06.2018 / 08:32 Hoy

Cambio de frecuencia

Azteca, Televisa y derechos humanos

Fernando Mejía Barquera

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Uno de los argumentos que Televisa y Tv Azteca tratan de hacer valer en el actual debate sobre el must carry-must offer es que “el derecho de autor es un derecho humano” y por lo tanto esas empresas, como titulares de “derechos de propiedad intelectual”, deben conservar la libertad de autorizar y cobrar la difusión de sus programas o sus señales por parte de las televisoras de paga. Su apoyo legal está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, elaborada por la ONU, de la que México es firmante.

¿Derechos enfrentados?

En contraparte, Dish argumenta que el acceso a la radiodifusión (radio y tv abiertas) es un derecho humano recientemente establecido en la Constitución mexicana y, por lo tanto, los sistemas de televisión restringida tienen la obligación de incluir en su oferta las señales de la
televisión abierta con el fin de garantizar a sus clientes el cumplimiento de ese derecho.

¿Estamos ante un problema legal en que dos derechos humanos se contraponen y donde la autoridad deberá decidir cuál aplica? Esto, por supuesto, deberá decidirlo el Congreso de la Unión en las leyes secundarias relacionadas con la reforma en telecomunicaciones, no el Ifetel en los lineamientos para el must carry-must offer que deberá publicar.

Constitución y tratados

La Constitución mexicana indica (artículo uno) que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte…” Los derechos relacionados con la comunicación que la Constitución reconoce en su texto (artículos seis y siete) son libertad de expresión a través de cualquier medio, derecho de réplica, derecho a la información; acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, “incluido el de banda ancha e internet”.

La Constitución no menciona el derecho de autor; sin embargo, el Estado mexicano es firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuyo artículo 27, fracción dos, hace alusión a algo que podría equipararse con esa garantía: “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

¿Humano o comercial?

Existe entre los especialistas en el tema una discusión acerca de si lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos es aplicable a la propiedad comercial sobre obras determinadas; es decir, si el derecho humano que tiene un artista o un científico de percibir los beneficios “morales y materiales” que le correspondan por sus obras es “heredado” por las empresas o entidades públicas que las compren para explotarlas comercialmente.

Parece claro que cuando un escritor vende a una televisora los derechos de una obra literaria para que ésta la explote comercialmente bajo el formato de “telenovela” tiene el derecho humano de percibir los beneficios de la venta. Pero ¿la televisora compra junto con la obra ese derecho humano o simplemente adquiere los derechos de propiedad para explotarla? ¿Los derechos de propiedad comercial sobre una obra que ya fue vendida por una persona a una empresa son “derechos humanos”?

Salida conciliatoria

Es un tema que los legisladores deberán resolver en el Congreso de la Unión a propósito de las leyes secundarias relacionadas con la reforma en telecomunicaciones. Tendrán que decidir si la “propiedad intelectual” sobre obras ya pagadas a los autores constituye también un “derecho humano”, como sostienen las televisoras, o es sencillamente una propiedad sujeta a la legislación en materia industrial o comercial.

Me inclino a pensar que las negociaciones entre gobierno, partidos y empresas de medios terminarán en una salida conciliatoria, como expuse aquí la semana pasada: aplicación del must carry-must offer para cumplir con la disposición constitucional que considera el acceso a los servicios de radiodifusión, un derecho para todos los mexicanos —tengan tele de paga o abierta—, pero al mismo tiempo habrá respeto a los derechos de propiedad que tienen las televisoras sobre los programas incluidos en las señales que transmiten, lo cual derivará en la autorización de que cobren por ello tarifas que, probablemente, el Estado habrá de autorizar.

“Bolita” al Congreso

Por cierto, en esa decisión no participará el Ifetel, que en su proyecto de lineamientos, publicado en noviembre de 2013, se lava las manos y echa la bolita al Congreso: “Lo señalado en los presentes Lineamientos es independiente de las obligaciones y medidas que los concesionarios deban cumplir y acatar en materia electoral, autoral y de tiempos de uso oficial o de cualquier otra naturaleza”.

Será, por lo tanto, el Congreso de la Unión el que resuelva el caso de los derechos de autor y su relación con el must carry-must offer.

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