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Sábado , 20.10.2018 / 19:06 Hoy

Juego de espejos

Nueva justicia

Federico Berrueto

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Mucho es lo que la civilidad debe a los criterios que vienen de los órganos de justicia. Más para un país como México, en el que la legalidad guarda una enorme distancia ante la realidad cotidiana de las personas y su relación con las autoridades. Una democracia que no haga de la ley culto, es un sistema disfuncional. Desentenderse de la ley no solo es una herencia maldita, es una coartada falsa que conspira contra el orden social y la igualdad.

En los países de Constitución rígida como Estados Unidos, la Corte en su condición de intérprete del texto constitucional adquiere condición de legislador. El precedente judicial obligatorio ha sido base para cambios profundos en el sistema legal y jurisdiccional. Este viernes la Corte norteamericana dio un voto histórico al avalar los matrimonios de parejas del mismo sexo.

En días recientes, en México la Corte determinó que el derecho a la educación prevalece sobre los laborales de los profesores, por lo mismo la evaluación educativa y las consecuencias derivadas, prevalecen, esto incluye la pérdida de plaza para quienes no acrediten las capacidades y conocimiento de conformidad al régimen de validación que la ley determina.

En el mismo orden de la justicia, aunque no del Poder Judicial, destacan las expresiones del viernes de la procuradora Arely Gómez, quien se pronunció por no criminalizar a los adictos a drogas y velar por los derechos humanos, además de que propuso la creación de tribunales especiales para menores adictos a fin de asistirles en su recuperación. También exigió atacar a la economía del narcotráfico y el reclutamiento de jóvenes por los grupos delictivos.

El giro de la procuración de justicia es evidente: proteger a los derechos humanos, referir al drama social y familiar asociado al crimen organizado y construir soluciones humanitarias y de sentido común, como es el rescate de los jóvenes asociados al crimen o víctimas del consumo de drogas. La agenda de la PGR es delicada en extremo y existen casos que ponen a prueba a quien la dirige y a la misma institución. Es alentador advertir firmeza, como debe ser en tal función, y a la vez sensibilidad para deslindar el terreno criminal sobre el humano y social.

Hace casi dos décadas el país dio el paso más importante en la transformación del Poder Judicial con la reforma que modernizó a la Suprema Corte de Justicia, al dotarla de autonomía e independencia. El balance es positivo, aunque insuficiente. Llegaron ministros de excelencia y otros no tanto. La corrupción, aunque aislada persiste y ha habido complacencia en su reconocimiento y combate, quizás con el iluso propósito de no desgastar a la institución. Deberá concederse, al menos, que de los tres poderes de la Unión es el que muestra mayor profesionalismo e integridad. El pleno actual muestra una rica y diversa integración de juristas talentosos. El Consejo de la Judicatura es la instancia clave en salvaguardar la integridad del Poder Judicial Federal, aunque es necesario que se actúe con mayor rigor y determinación.

La procuración de justicia tendrá su mayor transformación con la instalación de la Fiscalía General de la República. La decisión legislativa consumada establece una autonomía de lo que ahora es la PGR, no solo a partir del nombramiento de su titular, sino por la relación con el gobierno y funciones a desempeñar. No es un tema menor que la tarea de hacer realidad el Ministerio Público como instancia en la representación de la sociedad frente al proceso penal. Esto vale no solo para efectos de la acción penal, también para actuar con sensibilidad y estricto apego a la ley salvaguardando derechos y los valores superiores de la justicia. La modernización del Ministerio Público significa matizar su expresión estrictamente policiaca. Representar a la sociedad obliga a pensar en las víctimas y también en la necesidad de una justicia eficaz.

En virtud de la reforma, la Fiscalía General será crucial en la lucha contra la corrupción y contra los delitos de carácter electoral, dos temas delicados en extremo toda vez que la empodera para hacer frente con la ley en la mano, a uno de los males más serios y recurrentes en los poderes públicos. Los delitos electorales deberán perseguirse con riguroso apego a la ley para no exponer a la institución a la nociva polarización política que tanto daño ha provocado al país.

Las reformas en materia de justicia no son objeto de suficiente atención y escrutinio público. Es natural para un país poco avenido con la legalidad y una opinión pública desentendida de la importancia de las instituciones de justicia. La realidad es que el cambio más importante desde la transformación de la Corte habrá de ocurrir en poco menos de un año, con el inicio de la Fiscalía General de la República, punto de partida para una nueva justicia.

fberruetop@gmail.com

Twitter: @berrueto

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