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Martes , 20.11.2018 / 21:05 Hoy

Contexto

La batalla entre López Obrador y la sociedad civil

Esteban Illades

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Pasada la elección e instalado el proceso de transición, la esfera pública comienza a ser espacio de debates sobre lo que sucederá una vez iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Contrario a lo que se pensaría, la discusión más fuerte no ha sido sobre el gobierno mismo, sino sobre el papel que jugará lo que en México llamamos “sociedad civil”: si podrá o deberá incidir en nombramientos y legislación; si tendrá juego como órgano consultivo en los grandes temas; o si simplemente será ignorada por un gobierno que con 53 por ciento de mandato puede argumentar que no es su deber hacerle caso a quien no fue electo vía urna.

Varias ramas tiene este problema, empezando por una fundamental: qué entendemos como “sociedad civil”. Para unos, del bando lopezobradorista, no es más que una autodenominación hecha por grupos de poder con amplios fondos para representar causas particulares disfrazadas de públicas.

Para otros, dentro del bando de la sociedad civil, es mucho más. No faltan a la discusión, y con razón, los representantes de los grupos más pequeños, que objetan ser agrupados con las ONG más grandes: no todos tienen ni las mismas causas, ni el mismo dinero ni los mismos intereses detrás. “sociedad civil” es un paraguas amplio.

Por su parte, los representantes de los grandes grupos —que no forman parte del gobierno— reclaman un espacio que se ganaron a pulso durante este sexenio tras el vacío y la corrupción gubernamental en temas fundamentales para el país: la creación de una fiscalía general el más importante, sin duda.

Esta reforma, que hoy se sigue discutiendo, es la primera prueba de fuego en la relación gobierno y sociedad civil. Claro que AMLO no está obligado a mantener un diálogo con estos grupos, pero sería muy buena señal que así lo hiciera.

Involucrar a la sociedad civil no se trata de entregar el gobierno a privados, como se ha dicho recurrentemente esta semana, sino de darse cuenta de que en el siglo XXI el gobierno ya no es actor único en la política nacional.

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