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Columna de Esteban Garaiz

Ley celestial y eterna

Esteban Garaiz

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Las leyes son instrumentos coyunturales de convivencia, elaborados por ciudadanos y para la vida de los ciudadanos, para el caso. No entelequias celestiales inamovibles. Duran lo que duran las circunstancias.

Es insano afirmar que la ley no se negocia. Por definición las leyes son, deben ser, producto de la concertación entre los ciudadanos. No entre corporaciones. No entre votos que pesan, como Claudio X. Si alguna consulta especial debe haber para la elaboración de la ley, tiene que ser dirigida a los directamente afectados por la propuesta; y a los profesionales de la materia.

La ley llamada reforma educativa, es ilícita. Debió ser consultada, y su inevitable corrección debe serlo, a los padres de los escolares y a los profesionales de la educación.

Si fue expresamente dirigida al gremio magisterial, como es el caso, debió, y debe, ser consultada al gremio magisterial y a sus diversas organizaciones. Todas ellas (salvo quizá la oficial) vienen de la base y son legales y legítimas. Las atribuidas ilegalidades de alguno de sus miembros, o dirigentes (hoy encarcelados, a todas luces, represiva e injustamente), en nada afectan la legalidad y la procedencia de sus planteamientos sobre la ley.

Esos planteamientos están siendo respaldados por miles de ciudadanos de toda índole, por supuesto con la participación de padres y abuelos de escolares. Principalmente en la calle: como ocurrió este domingo 26 de junio en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, y en otros muchos lugares de la República entera. La calle es el último reducto de la democracia. Como lo hizo Gandhi, pacíficamente; porque es nuestro derecho.

A pesar de las vallas y de la ominosa presencia de los cuerpos armados. La actuación presente de la policía es de dictadura. Flota en el aire el estado de excepción. Cuando se le dijo a un oficial que se le agradecía su presencia para proteger el derecho de los ciudadanos a manifestarse, contestó seco: “También para reprimir”.

Es verdaderamente insensato que quien ostenta la titularidad única del Poder Ejecutivo Federal, o sea que es legalmente el mandatario de todos nosotros los soberanos, se atreva a decir que ninguna ley “está sujeta a negociación”.

Enrique Peña Nieto ha de pensar que la ley es mandato celestial, eterno, inamovible y perentorio. Visión dieciochesca, virreinal, del magisterio de Francisco de Croix: “nacidos para callar y obedecer, y no para opinar”.

Eso mientras su designado secretario (que no ministro) de Gobernación, repudiado a gritos en las calles, nos remite a conferenciar con el respetabilísimo Poder Legislativo, que aprobó, sin previa consulta, de ningún género, ni a los padres de los escolares, ni a los especialistas en educación pública (que los hay desde siempre, y excelentes, en México) ni al gremio de los profesionales directamente afectados y a sus organizaciones de base.

El cambio fue por iniciativa enviada desde el Ejecutivo, que en realidad fungió como mandatario y mensajero de lo más “progresista” de la clase empresarial, y no del pueblo de México, directo beneficiario del Artículo Tercero durante 99 años.

Ni en tiempos de Santo Tomás de Aquino, en plena Edad Media, en el siglo XIII se pensó en la perpetuidad e inmanencia de la ley. El Maestro de la Escolástica dejó claro en sus Quaestiones Quodlibetales, por el año de 1250, que la ley humana es siempre circunstancial; que la ley ilícita no debe ser cumplida, que “la comunidad es el sujeto y titular del poder público”; y fundamenta el Estado como consecuencia de la naturaleza sociable de los seres humanos.

Si quienes iniciaron y quienes aprobaron la llamada reforma educativa hubieran primero meditado someramente en un tema crucial como éste para el desarrollo y la inclusión social de toda la Nación mexicana; y con un poco de caletre hubieran caído en la cuenta de que nuestro Artículo Tercero es una de las grandes columnas del Proyecto Nacional, no habrían cometido esa aberración.

Porque parte central de la educación pública, universal y gratuita es precisamente la formación profesional de los nuevos maestros; lo cual es obligación y responsabilidad del Estado mediante las escuelas normales, igualmente gratuitas y abiertas; incluidas las rurales, como Ayotzinapa.

Y si, por las razones que sean, un maestro recibió su título profesional sin haber sido adecuadamente formado y capacitado; o si requiere actualización profesional, es obligación ineludible del Estado completar esa formación y capacitación. Que deberá tener el mismo carácter gratuito sin cargo alguno al profesional: como parte sustantiva de la gratuidad educativa. No por estúpidos métodos punitivos y antilaborales.

Ese fue el espíritu, libertario, igualitario y fraterno, del Instituto de Mejoramiento del Magisterio de los años 1950-1970.

estebangaraiz.com

egaraiz@gmail.com

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