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Intelecto opuesto

Realidad a la vista

Eduardo González

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Los cambios propuestos por Andrés Manuel López Obrador que entraran en vigor, si así se llevan a cabo en la planeación del periodo de transición, el 1 de diciembre, contemplan entre muchas cosas el despido de al menos 170 mil empleados de confianza del gobierno federal.

En la nómina del país, operan cerca de 200 mil trabajadores que no son parte de la base burocrática ni sindical de las oficinas nacionales o delegaciones; se trata de los directores, subdirectores, secretarias, secretarios particulares, asesores, en el plano más alto y visible. Pero también se trata de empleados contratados como “de confianza” por cuestiones de la carga administrativa que conlleva el mantener las cosas en orden en las dependencias gubernamentales.

Es decir, resulta muy difícil o casi imposible hacerse de una plaza o base como trabajador de gobierno; la primer medida que se implementó desde que entró en funciones la Reforma Laboral de 2012 (también en empresas particulares pero en este caso me refiero exclusivamente a la administración pública) para no tener una fuerte carga salarial y de prestaciones, fue crear puestos eventuales, contratos por tiempo determinado, de capacitación inicial y a prueba.

Quienes sobrevivieran a esas condiciones y se ganaran un espacio pasaron a ser de confianza, nunca o casi nunca se abrieron las plazas o los espacios “seguros”, que son los que generan antigüedad y múltiples prestaciones.

Por eso, hoy, con un nuevo gobierno en puerta, todos los que han sido contratados bajo el nuevo esquema que se dio a partir de la Reforma Laboral, están en inminente riesgo de ser despedidos; no por Andrés Manuel López Obrador, tampoco por Enrique Peña Nieto, sino por cuestiones administrativas producto de una ley que no prioriza al trabajador.

El actual gobierno federal declaró ayer que comenzó el finiquito del personal eventual en todas las dependencias, además de que ya no se pueden realizar contrataciones desde el pasado 16 de julio.

El vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, afirmó que el personal eventual que fue contratado para tareas específicas “habrá de irse finiquitando a efecto que la estructura de gobierno que reciba la próxima administración sea específicamente la que se requiere exclusivamente para un arranque de gobierno”.

Por eso las voces, todas las que han surgido extrañamente desde el 1 de julio para acá, que se han dedicado a azuzar, a incendiar las redes, a jalar del gatillo digital y augurar lo peor para el país, se ufanan en exagerar que AMLO dejará en la calle a miles de familias.

No defiendo la medida, pero hay que adelgazar al gobierno; así lo entiende el actual periodo saliente como el entrante, pues uno avisa que dejará “finanzas sanas” y el otro que no habrá “derroche ni corrupción”. ¿Les creemos?

eduardogonzalez.lopez@milenio.com

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