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Miércoles , 12.12.2018 / 00:02 Hoy

Intelecto opuesto

¿Pues qué tanto hicieron?

Eduardo González

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Las investigaciones de la administración del gobernador Omar Fayad Meneses por las denuncias de presuntos desfalcos o desvíos de recursos públicos en dependencias estatales parecen seguir encontrando nuevos recovecos en cada paso que se da con el combate a la corrupción que comenzó en septiembre de 2016, a días de que diera inicio el actual gobierno hidalguense.

A menos de un año, los resultados han sido contundentes: suman tres detenciones e incluso encarcelamiento de ex funcionarios y ex servidores públicos y varias órdenes de aprehensión a quienes les ha vinculado a procesos con pruebas en esencia suficientes por el uso indebido de la función pública, siempre relacionado todo al tema económico o del dinero del presupuesto.

El hilo conductor que dio inicio desde noviembre pasado comenzó en Educación Pública y parece seguir por diversas áreas hasta otras dependencias como la Secretaría de Salud, hasta ayer inmaculada de cualquier proceso pero que ahora terminará por ser una caja de pandora que al abrirse podría dar más noticias a los medios sobre el actuar de ex funcionarios.

Primero fue José Antonio Turrubiate Delgadillo, ex Director General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública, detenido por presunto peculado de 68 millones de pesos en agravio de las arcas estatales; posteriormente le siguió el ex director de Coordinación Financiera y Planeación de Radio y Televisión de Hidalgo, Carlos Becerril Vargas, cuya investigación culminó con la detención hace unas semanas del propio ex director del Sistema de Radio y Televisión, Sergio Islas Olvera.

Queda pendiente para cerrar la pinza de una aparente y bien elaborada red de ex funcionarios, el exsubsecretario de Finanzas y Administración de la SEPH, Pablo Pérez Martínez, acusado también de probables desvíos por 68 y 126 millones de pesos.

El asunto aquí, a mi parecer, más allá de las escandalosas cantidades e insultantes acciones en contra de la sociedad y la administración pública, son las actitudes que tomaron dichos personajes al estar al frente de encargos tan significativos y de responsabilidad.

¿Por qué lo hicieron?, quien los acusa es la propia autoridad y no parece ser solo un tema de revancha política, sino una verdadera acción de la ley en contra de quien la ha transgredido a niveles que no se pudo ocultar ni con el pétalo de una transición.

¿Qué orilla a un funcionario público a tomar lo que no le pertenece y seguir por la vida como si nada?, aún faltan por desahogarse pruebas y testimonios, pues lo acusados tienen el pleno derecho y la facultad de poder defenderse y presentar las pruebas a su favor. Sin embargo el vínculo, el descrédito y todo lo que puede señalarse en su contra no algo sencillo de aclarar o de quitarse de encima. Veremos que más encuentran las autoridades sobre este caso que parce ser e inicio de algo más grande.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com

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