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Intelecto opuesto

Acabar con los privilegios

Eduardo González

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La suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un movimiento atrevido por parte de los jueces del país.

Lo es no por el hecho de que ganen “supersalarios”, sino porque las condiciones de una nación en vías de reestructuración debe incluir a todos los sectores, empezando por los de arriba, para erradicar la brecha de desigualdad que tanto daño le hace a México.

Una nación que quiere equidad no puede tener a un recién egresado ganando como becario, ni tampoco a un obrero recibiendo la mínima cantidad que se le puede pagar a alguien, mientras los altos funcionarios del gobierno obtienen cien veces más.

El ejemplo del Presidente Andrés Manuel López Obrador de seguir una línea de austeridad no me parece que sea populista. Es una medida que millones de mexicanos le aplauden a manera de obtención de un acto de justicia.

Solo para ejemplificar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en México tiene ingresos mensuales por 317 mil 547 pesos. Esto representa un salario 161 veces mayor al que percibe un mexicano con salario mínimo.

Por ello la determinación de la Corte desató los comentarios de los líderes camerales de Morena en San Lázaro y el Senado quienes aseguraron que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 incluirá los ajustes para que ningún funcionario público gane más que el Presidente de la República, exceptuando al Poder Judicial.

El debate se centra pues en ¿cómo se debe o cómo se tiene que acabar con los privilegios?, ¿tirando toda una estructura burocrática que ha existido por décadas en el sistema político y gubernamental del país o simplemente cortando de raíz las cosas?

Es claro que no se puede acabar con todos los vicios del sistema, ni tampoco se pueden violar garantías y derechos humanos y laborales amparados por la Constitución.

twitter: @laloflu





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