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Domingo , 23.09.2018 / 16:09 Hoy

Trascendió

2014-07-16

Editoriales

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: Que el presidente de la Junta Auxiliar de Xonacatepec es la segunda autoridad auxiliar que acudió ante el Poder Judicial federal en contra de la aprobación del Congreso del Estado de retirarles las facultades de administrar el Registro Civil.

Se trata de autoridades de las juntas con clara filiación priista que solo obedecen indicaciones de las dirigentes estatales del PRI con quienes se han venido reuniendo para definir los términos de la promoción de los juicios ante los juzgados de distrito.

: Que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, se constituyó en ministerio público y juez al deslindar al dirigente estatal del PRI Pablo Fernández del Campo de cualquier responsabilidad de los hechos de violencia en la Vía Atlixcáyotl.

Contrasta la postura del diputado del PRI, como ha ocurrido en últimas fechas, con el acuerdo pluripartidista del Poder Legislativo, pero como ha ocurrido en otras ocasiones la prioridad de Giorgana son su filias partidistas y no la responsabilidad institucional como representante de la actual Legislatura.

: Que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha preparado un interesante “Taller sobre Movilidad Social para Periodistas” que se realizará en la capital del país el próximo martes 29 de julio.

Entre los expositores figuran el propio Enrique Cárdenas, junto con el investigador Roberto Vélez Pliego; Raymundo Campos, del Colegio de México y Juan E. Huerta, de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, que de entrada suena más que interesante.

: Que el diputado del PRI José Chedraui Budib presentó ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa para la creación de la Ley para combatir la corrupción en contrataciones públicas, con el objetivo de garantizar el manejo adecuado y transparente del erario.

Pretende salvaguardar el patrimonio de los poblanos actuando en diferentes frentes, desde prevenir, detectar, sancionar, hasta erradicar las prácticas de corrupción, no sólo de los servidores públicos del estado y municipios, sino también de personas físicas y morales.

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