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Jueves , 21.06.2018 / 21:35 Hoy

Trascendió

2016-04-08

Editoriales

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:Que los documentos de Panamá salpicaron también al sector farmacéutico —y en particular a distribuidores como Nadro y Marzam, que le venden al IMSS—, por lo que el Seguro Social abrió una investigación para verificar si la fusión disfrazada de ambas compañías ocasionó daños o perjuicios a la compra consolidada de medicinas, vacunas y equipo médico.

Por lo pronto, ya andan acalambrados.

En 2016, la compra consolidada de medicinas para el gobierno federal, coordinada por el instituto, fue de casi 40 mil millones de pesos, todo a través de distribuidores, y aunque Nadro, de Pablo Escandón Cusi, vende más al mercado privado que al público, está involucrada en el escándalo mundial y más vale prevenIMSS.

:Que a propósito de la polémica por la cercanía del fin del segundo periodo de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México, vale recordar que cuando se negoció la prórroga, que vence el 30 de abril, fueron los representantes del Estado mexicano quienes ofrecieron los seis meses, pues el grupo solo pedía quedarse cuatro.

Ahora que les dijeron adiós parece que no quieren irse.

:Que la negativa de amparo a la empresa Comercializadora Rubicón, que pretendía sembrar, cultivar y cosechar mariguana para desarrollar tratamientos medicinales, tiene muchas lecturas.

Una, según cuentan, es la división que hay entre los ministros que comanda Luis María Aguilar, donde ahora domina una mayoría conservadora que buscó evadir el análisis del uso de la mariguana para fines medicinales.

El otro grupo alertó del peligro que desde la Corte se pretenda establecer un catálogo de improcedencias para cada quejoso, lo que pone en riesgo los avances en jurisprudencias nacionales e internacionales.

:Que Jorge Castañeda se sumará hoy a la iniciativa presentada ayer por el senador panista Roberto Gil, que busca despenalizar toda la cadena de consumo, producción y comercialización de la mariguana, con el control del Estado a través de una paraestatal.

El negocio sería tan lícito que el consumidor tendría que pagar un IEPS de 15 por ciento, como el que pagan los cigarros, por cada paquete autorizado para uso personal y un peso por cada gramo adicional de cannabis contenido en dichos productos.

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