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La tremenda corte

La Tremenda Corte

Editoriales

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Para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, hasta el 90 por ciento de las ejecuciones tienen relación con la disputa entre integrantes de la delincuencia organizada. “Se están matando ente ellos”, resumió. Anunció que la próxima semana dará a conocer un primer balance en este rubro y dijo que no le parece que los medios de comunicación alienten el que Jalisco esté sumida en una ola de violencia.

Reiteró que del total de crímenes registrados en contra de mujeres, solo tres se investigan bajo el protocolo de feminicidio.

Por cierto el gobernador cuestionó qué tan reales están plasmadas las aportaciones de Jalisco ante la federación y si está siendo justa la repartición, por lo que instruyó a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado iniciar un estudio con especialistas que sirva para contrastarlo con el convenio de coordinación Fiscal y el Pacto Fiscal del país. “La discusión seguirá siendo cada año la misma, seguirá siendo una discusión sin ton ni son y lo que nosotros queremos es trato justo para nuestro estado”.

Dijo que el presidende Andrés Manuel López Obrador, vendrá de gira al estado en las próximas semanas y espera tener una reunión para tratar prioritariamente el presupuesto de Jalisco.

Fueron cerca de 40 personas las que acudieron a Ciudad Judicial para interponer un recurso jurídico que permita dar marcha atrás a la implementación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El grupo se hace llamar “Ciudadanos contra el Gasolinazo” y sospechosamente son asesorados por Ricardo Chávez, regidor de Zapopan por Movimiento Ciudadano. La demanda fue en la Oficialía de Partes de los Juzgados Federales de Distrito en materia Civil, Administrativa y del Trabajo; se acompañó –mediante documento anexo- con el respaldo de 7 mil firmas de ciudadanos, principalmente del Área Metropolitana de Guadalajara así como de otros municipios del interior de Jalisco.

El Poder Judicial de la Federación deberá contestar en un plazo aproximado de 72 horas, si admite o no dicho recurso. En caso de una negativa, los ciudadanos podrán impugnar la respuesta y pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se manifieste al respecto.

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