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La tremenda corte

La tremenda corte

Editoriales

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Mal comenzamos el Año Nuevo en cuestión ambiental, a pesar de los exhortos y también amenazas de multas de los ayuntamientos metropolitanos y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), hubo contingencia en algunas zonas. Aunque a decir de las autoridades se logró reducir de manera importante los índices de contaminación atmosférica durante los festejos de fin de año. El pasado 25 de diciembre se registró un nivel de contaminación histórica con un máximo de 324 puntos IMECA (Índice Metropolitano de Calidad del Aire) en la estación Las Pintas. Ayer se activó una Contingencia Atmosférica Fase 1 en la misma zona donde se registraron 157 puntos IMECA.



Hoy un grupo que se hace llamar Ciudadanos de Jalisco comenzarán el Año Nuevo manifestándose porque dicen “estamos convencidos que las cuotas del Impuesto Especial sobre Servicios y Productos (IEPS) de las gasolinas, son una vil maniobra ilegal e inconstitucional con la cual las autoridades han afectado el bolsillo y la economía de las familias mexicanas, principalmente las de más bajos recursos”. Sin decir abiertamente si tiene un trasfondo partidario agregan que “creemos que el gasolinazo constante que se ha perpetrado desde el sexenio pasado puede echarse debajo de forma legal”.

Estarán hoy a las 9:00 horas en la Ciudad Judicial Federal donde presentarán un recurso jurídico para impugnar el IEPS aplicado a los combustibles, el cual se basa en precios ilegales. Señalan que tienen aproximadamente de 7 mil firmas de personas que apoyan esta demanda.




El cardenal tapatío José Francisco Robles Ortega, habló por primera vez del caso Cáritas de Guadalajara, que involucra cuatro propiedades que les fueron donadas en 2016 y hoy son reclamadas por un particular, cuyo abogado es Ricardo Suro Campos, padre del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco. La situación llegó hasta la detención del coordinador diocesano de Cáritas, el padre Francisco de Asís. Robles Ortega dice que no se actuó de mala fe y que los bienes serán devueltos, pero conforme a derecho y solo espera, dijo, que el Supremo Tribunal de Justicia y a la Fiscalía del Estado de Jalisco actúen apegados a derecho.

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