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Lunes , 24.09.2018 / 23:21 Hoy

Sin rodeos

El muro político tampoco es “gesto amistoso”

Diego Fernández de Cevallos

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Pronto tomará una trascendente decisión, estrictamente personal, el Presidente de México. En él está la disyuntiva de permitir que la PGR atropelle a un adversario político o respetar que los electores digan si quieren a Ricardo Anaya en la Presidencia.

México conoce y padece el manejo frecuentemente faccioso de la institución —no independiente ni autónoma— que debe procurar justicia.

Un ejemplo reciente: en el momento que su encargado decía que esa dependencia no responde a intereses políticos, estaba cometiendo el delito previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal, al intervenir y hacer del conocimiento público, sin autorización de autoridad competente, la ahora famosa mentada de madre (conversación privada) que había grabado a escondidas. Nadie, por supuesto, lo hará responder por su acción jurídicamente punible.

Adicionalmente, hay esquizofrenia en los voceros del PRI: unos exigen a la PGR que proceda ya contra su adversario, por delitos “plenamente probados” de “triangulación de recursos” (¡¡¡puf!!!) y “lavado de dinero” y, simultáneamente, otros le piden investigar “las dudas que sobre él están en el aire”.

Preguntas:

1. ¿El PRI considera “plenamente probados los delitos” o tiene “dudas en el aire”?

2. ¿Quién —y con qué propósito— hizo volar esas “dudas”?

3. Si a través de cateos y otras diligencias la PGR sabe y le consta que el hasta hace poco tiempo prestigiado empresario de Querétaro, Barreiro, hizo múltiples operaciones con funcionarios de gobierno y patrimonio del gobierno, ¿por qué de ellas no habla ni “filtra” información?

4. Si la PGR sabe y le consta que los que le han confesado su estrategia empleada —y con ella sus delitos— intervinieron en la desviación de fondos públicos, ¿por qué, en vez de auspiciar las “dudas” contra Anaya, no aplica la ley y recupera los muchos millones robados al erario?

5. ¿Por qué el PRI guarda sepulcral silencio sobre los escandalosos peculados —de muchos miles de millones de pesos— cometidos aquí y conocidos internacionalmente?

La suerte de esos funcionarios recuerda el chascarrillo: “les sucede lo que al ciego que fue encarcelado por cometer un robo, pero salió libre al comprobarse que no tuvo nada que ver”.

Es imposible que la PGR caiga en mayor desprestigio. Sabemos su nefanda costumbre de torcer la ley, ocultar y alterar los hechos, amenazar, corromper a quien pueda y torturar, si es necesario para hacerse de “pruebas”, todo con el propósito siniestro de servir al poder y al dinero. Pero este caso tiene un efecto singular: rompe el pacto democrático entre gobernantes y gobernados, con incalculables consecuencias.

Por principio civilizador de la competencia política, ojalá el Presidente impida el atraco. La decisión que adopte la registrará la historia.

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